En un anuncio que genera expectativas en las autoridades locales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha comunicado su intención de licitar, a principios de 2025, obras indispensables para prevenir inundaciones en las áreas del Mar Menor y Molina de Segura, con una inversión proyectada de 80 millones de euros. Esta información fue revelada por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea.

Las declaraciones de Urrea se produjeron tras una reunión significativa con diversos consejeros del Gobierno murciano, incluyendo al consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño; la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira; el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez; y el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro. La presencia de estas figuras políticas subraya la importancia de la coordinación interinstitucional en la gestión de emergencias y recursos hídricos.

Durante el encuentro, Urrea estuvo acompañado por otros altos funcionarios de la CHS, como el Comisario de Aguas, Javier García, y el Director Técnico, Carlos Marco. Este grupo de trabajo surge como respuesta a la solicitud del Gobierno murciano para mejorar la comunicación y el manejo conjunto de situaciones de emergencia, especialmente a raíz de la DANA que afectó la región el pasado octubre.

Urrea informó a los consejeros sobre la existencia de un protocolo de comunicación para alertas hidrológicas y desembalses extraordinarios, que actualmente está siendo tramitado por la Dirección General del Agua del MITECO. Este protocolo, diseñado para operar eficazmente durante episodios de fuertes lluvias, ha sido clave para la toma de decisiones en situaciones de crisis.

Desde la CHS se ha subrayado la eficacia de este protocolo en la gestión de las DANA, remarcando su éxito en eventos anteriores tales como las sucesivas inundaciones ocurridas desde 2019. Además, se ha llevado a cabo un encuentro técnico entre los responsables de la CHS y los servicios de Protección Civil a nivel regional, lo que demuestra un compromiso por parte de las autoridades para optimizar protocolos de actuación ante desastres naturales.

Asimismo, se ha realizado un escrutinio de la situación administrativa de diversas iniciativas orientadas a la defensa frente a inundaciones, todo ello en el marco del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) correspondiente a la cuenca del Segura. Urrea informó que, al asumir la dirección en 2018, no había ningún proyecto viable en este ámbito, lo que motivó un trabajo intenso para redactar y adaptar proyectos que hoy ya están avanzados.

Los datos son contundentes: en la actualidad, existen documentos en diversas fases de redacción para el Alto Guadalentín (243,2 millones de euros), la Vega Media (172,20 millones de euros) y el Mar Menor (279,0 millones de euros). La suma total de casi 700 millones de euros representa el esfuerzo inversor más significativo en la lucha contra inundaciones de los últimos años, y pone de manifiesto el compromiso de las autoridades con la seguridad de estas regiones.

Sin embargo, Urrea no dejó de lado las dificultades inherentes a la tramitación ambiental, abordando el impacto que el Decreto 47/2022, que declara Zonas Especiales de Conservación (ZEC), tiene en el avance de los proyectos. También se refirió al Plan de gestión integral de los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 en el Alto Guadalentín, señalando que este tipo de normativas generan nuevas afecciones que requieren consultas previas a la Comisión Europea.

La CHS expresó su preocupación por los informes medioambientales emitidos por la Consejería competente, que, según la Confederación, están provocando la reformulación sistemática de proyectos, un proceso que a menudo implica prolongar los plazos de tramitación. Así, tanto la CHS como los consejeros acordaron crear grupos de trabajo con el fin de identificar desde el principio los requerimientos ambientales específicos que deben incluirse en los proyectos, evitando reformas innecesarias en etapas posteriores.

También se abordó la situación del proyecto de la Presa de Tabala, cuyo desarrollo se encuentra en fase de redacción y que se proyecta culminar en primavera de 2025. En este momento, se iniciarán los trámites administrativos correspondientes, incluidos los de información pública y evaluaciones ambientales, asegurando que los afectados estén informados en todo momento sobre el progreso del proyecto.

En términos de obras, la CHS comunicó que están listas para ser licitadas las construcciones de laminación de avenidas en Cañada Mendoza (2,0 millones de euros) y Cañada Morcillo (5 millones de euros), así como el proyecto de defensa de las ramblas de Molina (14,6 millones de euros), que se espera que el MITECO acometa en el primer trimestre del año próximo.

En el ámbito del Mar Menor, también están en línea para ser licitadas en el primer trimestre las obras de Los Alcázares Fase I y II (32,0 millones de euros), la rambla de Cobatillas (13,4 millones de euros) y las zonas de almacenamiento controlado de las ramblas mineras de Las Matildes, Ponce y Carrasquilla (13,6 millones de euros). Sin embargo, es importante señalar que muchas de las restantes actuaciones aún están en proceso de redacción, integrando las exigencias que la Comunidad ha planteado en sus informes ambientales.

Por último, la CHS instó al consejero de Medio Ambiente a fomentar una mayor coordinación antes de iniciar la redacción de proyectos. Se destacó que, en ocasiones, se exige al organismo de cuenca realizar inventarios exhaustivos de fauna, lo que puede retrasar el proceso de planificación. La situación de la Región de Murcia en cuanto a la falta de un Plan de Actuación Territorial contra el Riesgo de Inundación fue otro punto crítico destacado, pues esta región es la única del área mediterránea que aún no ha desarrollado un instrumento normativo de este tipo, a diferencia de otras comunidades autónomas que ya cuentan con planes en funcionamiento.

El consejero de Fomento, por su parte, aseguró que este plan está muy avanzado y que su licitación se materializará en un futuro cercano. Ambas partes coincidieron en que es esencial establecer mecanismos eficientes de coordinación, basado en una sólida lealtad institucional, para poder abordar de manera efectiva los retos que presenta la gestión del agua y el riesgo de inundaciones en Murcia.