En un contundente movimiento de defensa por los intereses del Levante español, las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía y Valencia han solicitado de forma urgente al Ministerio para la Transición Ecológica que convoque una reunión para abordar los términos del recorte al trasvase Tajo-Segura.

La consejera de Agua de Murcia, Sara Rubira, y su colega de la Generalitat, Miguel Barrachina, se encontraron este miércoles en las instalaciones de la Conselleria de Agua, Agricultura y Ganadería. Durante este encuentro, decidieron gestionar conjuntamente una petición al Ministerio, asegurando que la situación exige atención inmediata.

Rubira recordó que la última reunión convocada por el Ministerio careció de datos concretos y no fue seguida de otra oportunidad de diálogo, lo que ha generado frustración al comprobar que sus sugerencias no fueron consideradas.

En sus declaraciones, Rubira enfatizó el compromiso del Gobierno murciano para luchar contra las injusticias que afectan a la región y a sus agricultores, dejando claro que no se quedarán de brazos cruzados ante lo que consideran un ataque sistemático.

Ambos consejeros censuraron las acciones del Gobierno central, acusándolo de utilizar a los regantes del Levante como un simple instrumento económico para sus intereses políticos en otras regiones, especialmente en Castilla-La Mancha.

Las implicaciones de los actuales planes del Gobierno para el trasvase Tajo-Segura son alarmantes, ya que se prevé una reducción significativa de más del 50% del agua destinada a la agricultura en territorios como Almería, Alicante y Murcia.

Rubira criticó la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de imponer un "apagón hídrico" en el Levante, a pesar de que los embalses muestran niveles de agua superiores a lo habitual, lo que hace que la decisión del Ministerio parezca aún más arbitraria.

Con más de 1.500 hectómetros cúbicos almacenados en Entrepeñas y Buendía, Rubira arguyó que el objetivo real del Ministerio parece ser castigar al Levante en lugar de buscar una solución equitativa para todos.

Las consecuencias de esta política podrían ser devastadoras: más de 15.000 empleos en riesgo y la posible desaparición de 27.000 hectáreas de cultivo, lo que podría traducirse en pérdidas económicas que superan los 5.600 millones de euros.

Además, Rubira acentuó que las intenciones del Gobierno son incompatibles con la realidad de una infraestructura que ha sido un ejemplo de solidaridad y cohesión entre comunidades autónomas. Según ella, el agua en España es suficiente, pero mal gestionada, lo que requiere un enfoque más racional y justo.

Por su parte, Barrachina se mostró igualmente preocupado, denunciando que el Ministerio impone decisiones sin tener en cuenta las necesidades de quienes dependen del trasvase para subsistir, y afirmó que no puede haber una gestión del agua alejada de quienes producen alimentos.

La llamada a la justicia hídrica fue el eje central de su mensaje, haciendo hincapié en que el recurso hídrico debería ser manejado con criterios de equidad, no como un instrumento en juegos políticos.

Las tres comunidades han reiterado su apertura al diálogo, aunque no cederán ante imposiciones que puedan debilitar el sector agroalimentario ni poner en riesgo el acceso al agua para millones de ciudadanos.

Desde la Generalitat, han señalado que la nueva propuesta del Ministerio endurece las condiciones que regulan el trasvase, lo que podría significar un golpe al equilibrio necesario entre las distintas regiones del país.

Entre las normativas propuestas, se incluye un incremento en los criterios necesarios para autorizar trasvases, lo que podría restringir gravemente la capacidad de abastecimiento de agua en el Levante, alimentando preocupaciones sobre el futuro agrícola de estas regiones.

Barrachina advirtió que estas nuevas normativas podrían significar la implosión del trasvase Tajo-Segura, reflejando una clara intención del Gobierno de limitar el uso de un recurso vital para el desarrollo de las comunidades afectadas.