El Gobierno regional de Murcia ha manifestado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional si se lleva a cabo la cesión de competencias en inmigración a Cataluña que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez.

Marcos Ortuño, portavoz del Ejecutivo murciano, anunció esta postura durante una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, donde se discutió la propuesta de ley acordada entre el Gobierno español y Junts per Catalunya para transferir estas responsabilidades a la comunidad autónoma catalana.

Ortuño afirmó que esta medida obedece a las demandas de los independentistas, que buscan asegurar la permanencia de Sánchez en el poder. A su juicio, esta decisión profundiza la desigualdad entre los españoles y no hace más que ampliar una brecha que ya es preocupante.

El portavoz recordó que esta legislatura ha estado marcada por decisiones como los indultos a los independentistas, la derogación del delito de sedición y una serie de cambios que, a su juicio, son claramente perjudiciales para la cohesión nacional, concluyendo que ahora se añade la cesión de competencias sobre inmigración.

Ortuño también señaló que lo que antes se consideraba inconstitucional, ahora es aceptado sin más por el Ejecutivo. Se preguntó qué ha cambiado en la postura de Sánchez, sugiriendo que el primer mandatario se encuentra ante un dilema: ceder al chantaje o enfrentarse a un posible adelanto electoral al perder su posición en la Moncloa.

El portavoz del Gobierno murciano argumentó que la capacidad de gestionar la inmigración debería ser una responsabilidad del Estado, y criticó que el presidente sólo escuche al líder de Junts per Catalunya en lugar de dialogar con todas las comunidades autónomas.

Ortuño también instó a los socialistas de la región a expresar su opinión sobre esta propuesta, planteando si apoyan que Cataluña asuma el control de la inmigración y si eso implicará que la Región de Murcia reciba menos recursos para gestionar a los menores migrantes no acompañados.

El representante murciano consideró inaceptable que la política de Sánchez fermente un sistema desigual entre los ciudadanos españoles, subrayando que la utilización de recursos públicos para satisfacer las demandas independentistas es un signo de descomposición del Gobierno.

Sobre los tiempos para presentar el recurso, Ortuño explicó que primero esperan a que la legislación se apruebe para analizarla a fondo. Sin embargo, dejó claro que Sánchez ha incumplido promesas previas, actuando al margen de la Constitución para mantenerse en el poder.

El portavoz defendió que el actual Gobierno ha demostrado ser hábil en legalizar lo que antes era considerado ilegal bajo presión de los independentistas, y destacó que esta dinámica también se ha evidenciado con la reciente ley de amnistía.

Ortuño señaló que el Ejecutivo murciano ha estado financiando la atención a menores migrantes no acompañados y reiteró que, a su juicio, el acuerdo alcanzado entre Sánchez y Puigdemont llevará a que Cataluña no reciba más menores en el futuro.

Desde su punto de vista, las administraciones deben trabajar para mantener la unidad familiar, evitando situaciones de desarraigo que no benefician a los menores. Abogó por la firma de acuerdos que faciliten la reagrupación familiar de los menores, priorizando su bienestar.

Finalmente, dirigió críticas hacia la ministra de Inclusión, que acusó al PP de fomentar la xenofobia por su apoyo a una iniciativa en la Asamblea Regional. Ortuño sugirió que, en lugar de emitir lecciones, la ministra debería comprometerse a aumentar los fondos destinados a la atención de menores no acompañados en la región.

En resumen, el Gobierno de Murcia considera que la política migratoria debe ser gestionada por el Estado y ha mostrado su firme oposición a lo que percibe como un intento de Sánchez de negociar a expensas de la igualdad entre los españoles, mientras la postura del PSOE ha variado drásticamente, según sus declaraciones.