Murcia, desprotegida por la falta de ley de espectáculos públicos, generando preocupación en la sanción de discotecas.
La Región de Murcia se encuentra en una situación preocupante, ya que es una de las pocas comunidades autónomas que carece de una ley específica integral de espectáculos públicos y actividades recreativas. Esto ha ocasionado problemas a la hora de aplicar sanciones a establecimientos como las discotecas calcinadas en la zona de ocio de Las Atalayas, generando inseguridad jurídica. Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo y director de la Cátedra de Derecho Local de la Universidad de A Coruña, ha destacado esta situación y ha señalado que el Gobierno regional ha intentado en dos ocasiones establecer una normativa al respecto, pero ambas fueron rechazadas.
En declaraciones a Europa Press, Amoedo ha mencionado que “hay muy pocas comunidades” que no poseen una ley de espectáculos públicos, y la Región de Murcia es una de ellas. Además, ha reconocido que hubo un funcionamiento deficiente de la administración municipal en el caso de las discotecas de Las Atalayas, ya que no se procedió a clausurarlas adecuadamente y en tiempo oportuno.
El catedrático ha resaltado que es importante entender el problema desde una perspectiva más amplia, en cuanto a la política legislativa en materia de espectáculos públicos en la Región de Murcia. Ha mencionado los importantes déficits normativos y la baja calidad regulatoria que existen en la comunidad autónoma, lo cual ha llevado a la aprobación de normas legales que han intentado solucionar este vacío legal.
Por ejemplo, en el año 2011 se aprobó una ley para regular la admisión a los locales de espectáculos públicos, y en 2016 se introdujo una regulación legal para sancionar a los establecimientos que no cumplan con los horarios de apertura y cierre. Sin embargo, según Amoedo, no existe una norma con rango de ley que atribuya a la administración autonómica o local la potestad de sancionar a las empresas que no obtengan la licencia de apertura, lo cual genera inseguridad jurídica.
El Gobierno regional ha intentado en dos ocasiones establecer una normativa que regule las infracciones y sanciones en materia de espectáculos, pero tanto en 2019 como en 2022, el decreto-ley fue rechazado por la Asamblea Regional. Esta falta de una ley integral y precisa en la regulación administrativa de los espectáculos públicos genera un contexto legislativo inseguro en la Región de Murcia y no brinda una respuesta suficiente a los problemas actuales, según Amoedo.
En contraste con otras comunidades autónomas que han aprobado sus propias leyes en sede parlamentaria, como Galicia en 2017, en Murcia persiste una tendencia a mantener los espectáculos públicos en un entorno liberalizado, lo cual se refleja en algunas leyes aprobadas en la Región. Amoedo considera que los votos en contra de la ley de espectáculos públicos en 2019 y 2022 reflejan este enfoque liberalizador y responsabiliza a estos grupos por ello.
Los dos decretos-ley rechazados habrían tenido aplicación en el caso de las discotecas de Las Atalayas, ya que preveían sanciones para aquellos establecimientos que abrieran sin obtener la licencia correspondiente e incluso desobedecieran órdenes de clausura. La falta de una norma clara con rango de ley que otorgue capacidad sancionadora a la administración autonómica o local hace que el régimen sancionador sea más inseguro y ofrezca menos respaldo a los funcionarios encargados de su aplicación.
Amoedo ha advertido que el marco legal complejo de los espectáculos públicos en la Región de Murcia podría estar relacionado con el caso de las discotecas incendiadas en Murcia y ha destacado la necesidad de una mejor calidad normativa. Expresa que, si bien existen responsabilidades concretas en este caso específico, no se pueden atribuir únicamente a la mala calidad de las normas legales.