Desde la entrada en vigor de la legislación que regula la eutanasia en 2021, la Región de Murcia ha contabilizado un total de 10 solicitudes de eutanasia, de las cuales se han llevado a cabo 6 asistencias para morir. Esta situación ha generado un profundo debate sobre las implicaciones éticas y sociales de la eutanasia en nuestra comunidad.

Según un informe reciente presentado por el Ministerio de Sanidad, durante el año 2023, la región ha recibido únicamente dos solicitudes de eutanasia. Esta cifra representa una disminución de tres solicitudes en comparación con el año anterior, lo que invita a la reflexión sobre la disposición de los ciudadanos a recurrir a esta opción. Estos datos fueron revelados el pasado jueves, generando interés y preocupación entre diversos colectivos y partidos políticos.

El informe detalla que de esas dos solicitudes registradas en la Región, una corresponde a un varón y la otra a una mujer. Curiosamente, no se ha registrado ninguna petición para aplazar la administración de la ayuda para morir, lo que sugiere que los solicitantes pueden estar más resueltos que nunca en sus decisiones en este ámbito delicado.

En el año 2023, se han llevado a cabo dos procedimientos de eutanasia, manteniendo así la misma cifra que el año anterior. Desde la implementación de la ley en junio de 2021, la Región de Murcia ha visto un total de 10 solicitudes, con un resultado final de 6 asistencias efectivamente realizadas. Este contexto plantea preguntas sobre la efectividad y la necesidad de este tipo de legislación en nuestra sociedad.

A nivel nacional, la cantidad de solicitudes de eutanasia ha ido en aumento. Desde su entrada en vigor hasta finales de 2023, se han tramitado un total de 1.515 solicitudes de ayuda para morir. De estas, 173 se registraron en 2021, 576 en 2022 y 766 en 2023, lo que representa un incremento del 32,9% en el último año y un notable 342% desde la implementación de la ley. Este crecimiento exponencial podría señalar una aceptación creciente, pero también plantea serias interrogantes sobre las presiones que podrían estar influyendo en tales decisiones.

El último informe del Ministerio de Sanidad también revela que, de las 766 solicitudes aceptadas en 2023, el 76% resultaron en la efectividad de la prestación, con 334 procedimientos completados. Por otro lado, 188 fueron denegadas, generándose 78 reclamaciones, de las cuales 32 fueron atendidas favorablemente. Este escenario nos lleva a cuestionar qué criterios están siendo aplicados para aceptar o rechazar estas solicitudes.

Entre las solicitudes aceptadas, se reporta que 21 fueron posteriormente revocadas y 33 aplazadas. Es notable que 190 solicitantes fallecieron durante el proceso de evaluación, lo que indica que el tiempo medio transcurrido desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 30 días, un dato que resalta la urgencia de estas situaciones.

Desglosando el origen de las solicitudes por comunidades autónomas, Cataluña encabeza la lista con 219 peticiones, seguida por Madrid (89) y Canarias (62). La Región de Murcia se sitúa en la parte baja de esta lista, junto con Extremadura, ambas con tan solo 2 solicitudes. Este panorama demuestra un desbalance considerable entre las diferentes regiones del país.

En cuanto al perfil de los solicitantes, se destaca que la mayoría están en la franja de edad entre 70 y 79 años, con un 35% afectado por enfermedades oncológicas y otro 35% por afecciones neurológicas en estado grave. A pesar de que el 95% poseía plena capacidad para tomar decisiones al inicio del proceso, un 15% estaba en riesgo de perder dicha capacidad, lo que añade una nueva capa de complejidad al debate sobre la eutanasia.

El tiempo promedio desde que se presenta la solicitud hasta la realización de la asistencia para morir ha sido de 67 días, con una mediana de 54,2 días. Es relevante señalar que un 25% de los solicitantes fallecieron antes de que se resolviese su petición, lo que genera una reflexión crítica sobre la eficacia y la rapidez de estos procesos en situaciones tan delicadas como estas.