El concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Ortega, ha expresado su descontento hacia el Gobierno de España, al afirmar que ha fallado en su compromiso de financiar el 30% del coste de los billetes de transporte público urbano. Ortega, representante del Partido Popular, señala que esta situación refleja un desprecio hacia la ciudad.

De acuerdo con Ortega, el Real Decreto-ley 11/2022 establecía la obligación del Estado de cubrir ese 30%. Además, el Ayuntamiento decidió complementar esta cantidad con otro 30% adicional, logrando así una disminución total del 60% para los usuarios. Sin embargo, ha indicado que la realidad muestra que el Gobierno ha ido disminuyendo su contribución a lo largo de los años, dejando al Ayuntamiento con una carga financiera desproporcionada.

En el año 2023, el Gobierno central aportó únicamente el 27,42% de la bonificación, cantidad que se redujo al 23,13% en 2024 y que cayó a un escaso 21,20% en el primer semestre de 2025. Este incumplimiento ha obligado al Ayuntamiento a destinar 575.899,97 euros de sus propios recursos para cubrir lo que debería ser responsabilidad del Estado.

Ortega ha añadido que con el dinero que el Gobierno de Pedro Sánchez les adeuda, se podrían haber realizado mejoras en la frecuencia de autobuses, ampliado las rutas y hasta implementado tecnologías modernas como el pago con tarjeta a bordo. "Al final, somos los cartageneros quienes tenemos que asumir un compromiso que no se ha honrado por parte del Estado", destacó.

Como respuesta a esta problemática, el portavoz del Partido Popular ha anunciado su intención de presentar una moción durante el próximo Pleno municipal, en la que se exigirá el pago inmediato de la deuda por parte del Gobierno de España. Además, pedirá que futuras asignaciones se ajusten a la realidad del uso del transporte público en la ciudad.

Ortega concluyó su intervención dejando claro que "no es aceptable que Cartagena asuma los costos que el Gobierno de Sánchez ha eludido". Exigió un cumplimiento del compromiso hacia la ciudad y sus ciudadanos, ya que no se puede tolerar más tiempo de desinterés por parte del Ejecutivo.