El portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, ha declarado en una reciente rueda de prensa que la posibilidad de condonar la deuda no se puede considerar sin una reforma integral del sistema de financiación autonómica. A su juicio, aceptar esta condonación sin un cambio en las políticas de financiación perjudicaría aún más a la comunidad murciana, algo que su administración no está dispuesta a permitir.

Esta afirmación se produce en respuesta a la invitación del Gobierno central a las autonomías para discutir una potencial reducción de la deuda a finales de marzo. Ortuño ha manifestado que la postura del Gobierno murciano permanece inalterable desde el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ya habían expresado sus reservas sobre la manera en que el Ejecutivo nacional está manejando estos asuntos.

El portavoz criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por haber comunicado la reunión mediante un simple correo electrónico, sugiriendo que este tipo de encuentros podrían estar más relacionados con compromisos ya pactados entre el presidente y partidos independentistas, que con un verdadero interés en abordar las necesidades de las autonomías.

Ortuño ha subrayado, además, la disparidad en la financiación, señalando que Murcia deja de recibir anualmente unos 650 millones de euros en comparación con la media de otras comunidades. Esta cifra se eleva a 1.200 millones cuando se relaciona con las comunidades que cuentan con una financiación más favorable, entre las cuales se incluye una que también es uniprovincial.

El portavoz ha calificado la condonación de la deuda como un mero "parche" que no afronta el problema de fondo: la infrafinanciación. Este déficit afecta de manera directa la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos murcianos, según ha añadido. Ortuño considera que solo mediante una reforma real del sistema se podrá encontrar una solución duradera.

Finalmente, escribió que, a pesar de las intenciones del Gobierno central de eliminar la deuda, esta no se desvanece mágicamente. Por el contrario, sostiene que la responsabilidad de pagarla recaerá sobre todos los españoles, lo que subraya la necesidad de un enfoque más estratégico y justo en la financiación autonómica.