El Partido Popular ha hecho un llamado al Gobierno de España para que asegure la equidad entre las distintas comunidades autónomas y mantenga la operatividad de todas las plantas nucleares del país, no solo de las situadas en Cataluña. Argumentan que la política energética no debe estar sujeta a los intereses de los acuerdos que Pedro Sánchez establece para mantener su posición en Moncloa, y como respuesta, han presentado una iniciativa en la Asamblea Regional.

María Casajús, diputada del PP, ha expresado su preocupación por las decisiones de Sánchez, acusándolo de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener su poder, incluso dividiendo la política energética y repartiendo beneficios entre sus aliados independentistas. “Primero se nos excluyó en la distribución de la capacidad eléctrica. Ahora, nos quieren fragmentar el mapa nuclear”, subrayó.

La diputada considera que la Región de Murcia ha sido una de las más perjudicadas por el abandono del Gobierno de Sánchez, que la ha dejado fuera de las inversiones destinadas a fortalecer la red eléctrica del país. Ha calificado esta planificación como "sectaria y desigual", advirtiendo que esto aumenta el riesgo de apagones y entorpece el crecimiento industrial en zonas clave como Cartagena, que sigue sin recibir la atención que requiere del Gobierno central.

Casajús ha calificado de "intolerable" que Francisco Lucas, secretario general del PSOE, justifique inversiones en localidades como Orihuela mientras ignoran las necesidades de la Región de Murcia. En reacción a esta situación, el PP ha preparado una moción para pedir que se prorrogue el funcionamiento de las centrales nucleares y se implemente una política energética seria que se base en criterios técnicos y de seguridad, en lugar de intereses políticos.

La diputada subrayó la importancia de la energía nuclear para garantizar la seguridad energética, la competitividad de la industria y la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente en áreas como Escombreras. La moción presentada por el PP insta al Gobierno de España a reconsiderar el calendario de cierre de las plantas nucleares, despojando de criterios ideológicos esas decisiones y enfocándose en la seguridad técnica; ajustar la carga fiscal sobre la energía nuclear para equipararla a los niveles de otros países de la UE, asegurando así su viabilidad; y evaluar las repercusiones económicas y medioambientales del cierre previsto de estas instalaciones.