En una reciente intervención en la Asamblea Regional, el consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, ha salido en defensa de las plantas de biogás en la Región. Bajo la solicitud del grupo parlamentario VOX, Vázquez aseguró que "no se están llevando a cabo experimentos ni se llevarán a cabo en esta región" con respecto a tales instalaciones, remarcando que todas las actividades se ajustarán a la rigurosa legislación vigente.

Vázquez destacó que, a diferencia de otras soluciones energéticas en auge, este tipo de tecnología es "madura, segura y probada". Enfatizó además que existe un marco normativo sólido, tanto a nivel nacional como europeo, que establece estrictas condiciones medioambientales y de seguridad para el desarrollo de plantas de biogás, lo que refuerza su compromiso con un adecuado cumplimiento de estas regulaciones.

El consejero subrayó que las instalaciones de biometano "no son plantas de combustión", lo que significa que no emplean residuos peligrosos ni generan emisiones contaminantes que puedan incomodar a la ciudadanía. Sostuvo que estas instalaciones proporcionan "energía competitiva", respaldada por el éxito de más de 20.000 plantas de biogás y biometano que operan en toda Europa.

Asimismo, Vázquez hizo hincapié en el aumento de incentivos tanto en Europa como en España desde mayo de 2022, mencionando que pronto se tramitarán nuevos proyectos en la Región que seguirán todos los trámites legales, garantizando la participación de los ciudadanos en el proceso. Destacó que actualmente, un 40% de la electricidad generada en la Región proviene de fuentes de energía renovables.

Durante su presentación, el consejero recordó que el Gobierno de España ha aprobado una hoja de ruta del biogás que prevé la creación de entre 300 y 500 plantas de biometano en el país para 2030, lo que ofrecerá nuevas oportunidades para el desarrollo energético en la Región de Murcia.

Con respecto a la situación en la Región, Vázquez precisó que las plantas de biogás, ya sean de nueva creación o modernizaciones de instalaciones preexistentes, estarán localizadas en centros de tratamiento de residuos, como en Cañada Hermosa, Ulea o Lorca. Para estas iniciativas, el Gobierno regional destinará aproximadamente 15 millones de euros provenientes de fondos europeos, y enfatizó que estas plantas estarán vinculadas a la transformación de residuos orgánicos urbanos que se deberán depositar en el contenedor específico.

El consejero también aseguró que el Gobierno regional mantiene un monitoreo constante para verificar que cada planta procese los residuos según lo estipulado en sus autorizaciones ambientales. "Los procesos de autorización se evalúan de manera rigurosa y están sujetos a consultas públicas", garantizó el consejero.

En la sesión, el diputado de VOX, Antonio Martínez, expuso su crítica hacia el Gobierno regional, aludiendo a una situación "caótica" en lo que respecta al biogás en la Región. Martínez argumentó que la administración carece de una hoja de ruta clara, lo que ha llevado a un descontento social que socava la reputación de la Región. En su opinión, es urgente una dirección política más efectiva para gestionar la implantación de gases renovables, en lugar de los errores que, según él, ha cometido el presidente López Miras.

Desde la bancada socialista, Carmina Fernández recordó la reciente propuesta presentada en la Asamblea que, aunque no fue aprobada, solicitaba al Gobierno regional que desarrollara una normativa ambiental que garantizara una regulación ordenada para la instalación de plantas de biogás. Subrayó que dicha normativa debería establecer restricciones en cuanto a la proximidad de estas instalaciones a áreas sensibles, como colegios, defendiendo el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y a proteger su calidad de vida.

Por su parte, la diputada de Podemos, María Marín, también demandó una regulación específica y cuestionó la necesidad de establecer tantas plantas para procesar los residuos generados en la Región. Manifestó su escepticismo, demandando un debate público en torno a este tema, sugiriendo que la implementación de tantas instalaciones podría ser innecesaria si se considerara un enfoque más eficiente.

Finalmente, la diputada del Partido Popular, María Casajús, hizo hincapié en que muchos de los problemas relacionados con el biogás no son atribuibles a la administración regional, sino que derivan de las decisiones del Gobierno central. Se dirigió a la oposición, recordando que fueron ellos quienes facilitaron el interés de promotores privados en la Región a través de su propia hoja de ruta sobre biogás, cuestionando la coherencia de su actual postura contraria a lo que previamente habían impulsado.