En una reciente sesión del Pleno de la Asamblea Regional, el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, ha revelado que más de cien escuelas de Infantil y Primaria están considerando ofrecer 1º y 2º de ESO el próximo año escolar.

El consejero informó que se llevó a cabo una reunión técnica con los directores de los centros interesados, subrayando que aquellos establecimientos que deseen participar deberán obtener el respaldo del claustro y del consejo escolar, y remitir la correspondiente documentación a la Consejería antes del 13 de noviembre.

Marín argumentó que esta iniciativa brindará mayor estabilidad y protección a los estudiantes en una etapa tan crítica como es el paso de los 11 a los 12 años. Además, destacó que se espera que contribuya a mejorar las tasas de éxito académico y facilite la cooperación entre los equipos docentes de Primaria y Secundaria, así como el desarrollo de proyectos educativos que favorezcan la orientación y acompañamiento del alumnado.

El diputado del PP, Carlos Albaladejo, quien formuló la pregunta al consejero, elogió la iniciativa al calificarla de "medida eficaz y sensible" que ha sido muy bien recibida por la comunidad educativa. Además, señaló que esta acción posiciona a la Región de Murcia como líder en políticas educativas contemporáneas, recordando la regulación pionera sobre el uso de dispositivos electrónicos en las aulas.

Albaladejo también mencionó que el Ministerio de Educación ha seguido el ejemplo de la región, resaltando la visión y el compromiso del Gobierno de Fernando López Miras hacia una educación de calidad.

El consejero Marín enfatizó que la medida se orientará especialmente a los colegios en áreas rurales o que enfrentan contextos de vulnerabilidad social. Afirmó que esta propuesta es un paso audaz que se aleja de un modelo educativo que ha resultado ineficaz desde la implementación de la Logse, continuado por la Lomloe, que ha fomentado un entorno de mediocridad en el rendimiento académico y ha socavado la autoridad de los docentes.

Marín sustentó sus declaraciones con cifras alarmantes, destacando que España se sitúa como el segundo país en Europa con mayor tasa de abandono escolar, además de liderar el desempleo juvenil y dedicar un 20% del tiempo académico a la gestión del aula. Indicó que el 75% de los expedientes disciplinarios se producen en 1º y 2º de ESO.

Durante la sesión de control, otros miembros de la oposición plantearon diversas inquietudes al Gobierno. En el ámbito agrícola, el diputado del PP, Jesús Cano, expresó su preocupación por el reciente acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, criticando la falta de transparencia en su aprobación y enfatizando su impacto negativo en el sector agroalimentario de la región.

Cano advirtió que este acuerdo perjudica a productos clave como el tomate y el pepino, intensificando las tensiones de competencia desleal y amenazando la soberanía alimentaria de Murcia.

Insistió en que el PP se manifestará en contra de cualquier normativa que afecte adversamente a los agricultores y subrayó que el presidente López Miras defendió los intereses de los productores en Bruselas.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, respaldó las preocupaciones de Cano, afirmando que el acuerdo con Marruecos representa una injusticia para los agricultores murcianos. Criticó la celeridad con la que fue aprobado y reclamó al Gobierno central medidas que garanticen condiciones equitativas en los acuerdos comerciales.

En la cuestión sobre vivienda, el diputado socialista José Ortega cuestionó al Gobierno regional por el nuevo plan de vivienda asequible, argumentando que los precios fijados son inalcanzables para la mayoría de las familias en Murcia.

Ortega observó que en localidades como Lorca y Molina, los precios del metro cuadrado son considerablemente más bajos en comparación con las nuevas promociones, acusando al Ejecutivo de favorecer a los promotores en detrimento de los ciudadanos.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, respondió que la legislación estatal actual sobre vivienda atenta contra la propiedad privada y genera inseguridad jurídica, y anunció una próxima actualización del módulo de referencia para la vivienda protegida que se ajustará a la realidad del mercado, facilitando así el acceso a jóvenes y familias.

El Gobierno murciano, según García, está cumpliendo con el mandato constitucional de promover un acceso a la vivienda adecuado, fundamentado en la colaboración público-privada y en la defensa de la propiedad.

Desde Vox, el diputado Pascual Salvador cuestionó el impacto del plan de conservación de la tortuga mora en la agricultura local, manifestando preocupaciones de los agricultores sobre restricciones en el uso del suelo.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, defendió que el plan será beneficioso tanto para la especie como para las comunidades que coexisten con ella, asegurando que no prohibirá la actividad agrícola.

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, instó a medidas ante la problemática de sedimentación en el Mar Menor, recordando la grave situación ocasionada por el temporal, y demandando un plan de ordenación territorial que aún no se ha implementado.

El consejero de Fomento defendió que ya se cuenta con herramientas legales para la ordenación territorial y atribuyó la falta de acción a la responsabilidad del Congreso Hidrográfico del Segura y el Ministerio para la Transición Ecológica en cuanto a cauces y ramblas.

Finalmente, en la esfera sanitaria, la diputada socialista Marisol Sánchez criticó al Gobierno por privatizar un derecho fundamental de las mujeres, como es la interrupción voluntaria del embarazo, que se realiza en su mayoría en clínicas privadas, expuestas a situaciones de acoso. Sánchez exigió que estos procedimientos se efectúen en hospitales públicos, siguiendo el modelo de otras comunidades autónomas.