El pasado 13 de octubre, el Gobierno de la Región de Murcia hizo un llamado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para que se retire la propuesta de modificación de las normas de explotación del Acueducto Tajo-Segura. Esta solicitud surge a raíz de un informe elaborado por la Generalitat Valenciana que sostiene que "los problemas del río Tajo no tienen relación con el trasvase Tajo-Segura".

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, subrayó que el documento evidencia que nunca ha existido un incumplimiento de los caudales ecológicos debido a la escasez de agua en el origen, destacando que los inconvenientes que sufre el Tajo se deben a su propia gestión.

Rubira recordó que el Gobierno murciano ya había presentado un recurso en contra de la determinación de los caudales ecológicos en el Plan de Cuenca del río Tajo, un asunto que todavía está a la espera de resolución en el Tribunal Supremo.

En la presentación de este informe, participaron responsables en gestión hídrica de la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia, quienes coincidieron en que "al mantener el trasvase, no buscamos privilegios, sino una gestión justa de este recurso vital".

La consejera insistió en que es imperativo que las reglas de explotación sean "claras" y abogó por mayor transparencia en la gestión y modernización de los regadíos del Tajo, antes de implementar recortes en un sistema que ha demostrado ser eficaz.

A su juicio, el problema real radica en la ineficiencia de la gestión de los embalses, en la falta de modernización de los regadíos en la cuenca del Tajo, y también en la escasa transparencia de la Confederación Hidrográfica.

Rubira destacó que los regadíos que dependen del trasvase son "los más productivos y eficientes de España, con un control meticuloso del uso del agua". "No es justo que se sancione a quienes hacen un mejor uso del agua, mientras que en la cabecera del Tajo se permiten despilfarros", añadió con firmeza.

La consejera afirmó que el trasvase Tajo-Segura representa un acto de solidaridad nacional y ha sido crucial en la economía, la agricultura y el abastecimiento de millones de españoles durante más de cuatro décadas. Por lo tanto, consideró que recortar el trasvase utilizando nuevas normas que no responden a necesidades ambientales reales, sino a decisiones políticas, representa un grave agravio para Murcia y el Levante en general.

Finalmente, Rubira alertó que la propuesta del Ministerio de reducir los envíos de agua amenaza el futuro del sector agroalimentario de la región. "Con menos agua, no solo se pone en peligro la agricultura, sino también el desarrollo económico y social de nuestra comunidad", concluyó.