La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha expresado su firme preocupación al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre los peligros que implican realizar obras en el Hospital Naval sin la debida licencia. Esta advertencia se basa en un comunicado oficial emitido por fuentes del propio Ayuntamiento.

El contexto de estas declaraciones surge después de que se conociera que el Gobierno de España ha declarado, a través de una orden ministerial del área de Migraciones, la urgencia y el interés público excepcional en la realización de las obras de ampliación del campamento del antiguo Hospital Naval en la ciudad costera.

En una comunicación dirigida a la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, Arroyo ha manifestado su inquietud y ha enviado un informe elaborado por técnicos municipales en el que se destacan los riesgos inherentes a este proyecto. Este informe pone de relieve las serias implicaciones que puede tener la falta de regulación en las obras propuestas.

La alcaldesa, quien convocó una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, explicó que la mencionada Orden ministerial permite la realización de obras sin la necesidad de contar con una licencia municipal. Según sus palabras, esto evidencia que el Ministerio es consciente de las dificultades para legalizar estas acciones bajo la normativa vigente actual.

Arroyo no escatimó en críticas al gobierno español, indicando que cuando el Ejecutivo tiene la intención de llevar a cabo un proyecto, suele declarar la urgencia y actúa por encima de las normativas establecidas. A su juicio, esto implica que, a partir de ahora, la responsabilidad por la seguridad de las instalaciones y de las personas que allí se encuentren recaerá plenamente en el gobierno central.

La regidora hizo hincapié en una serie de “incumplimientos” derivados de esta decisión del Ministerio. Entre ellos, la realización de obras sin la autorización municipal correspondiente, el incumplimiento de normativas de seguridad en relación a las carpas que se han instalado, la localización del antiguo Hospital Naval en una zona con riesgo de inundación, y la incompatibilidad del uso residencial previsto en el lugar con el Plan General de Ordenación Urbana, que determina que esta área debe ser clasificada como un sistema general de equipamiento comunitario destinado a funciones de defensa y protección.

Finalmente, Arroyo resaltó que el resultado de estas decisiones ministeriales será que se planea alojar a más de mil personas en instalaciones que, según los técnicos, no cumplen con las normas de seguridad contra incendios y que además se encuentran en un área susceptible a inundaciones. La alcaldesa concluyó su intervención solicitando a la ministra que reconsidere estas decisiones y que se aceleren los preparativos para cumplir con el cierre de la instalación, tal como se había acordado para principios de junio del año próximo.