El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra la reciente moción del Ayuntamiento de Jumilla que prohíbe la realización de actividades culturales, sociales y religiosas no vinculadas al Consistorio en sus instalaciones deportivas. Este movimiento surge tras una solicitud del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas.

Las autoridades legales argumentan que la moción tiene como objetivo restringir de manera injustificada el ejercicio del derecho a la libertad religiosa de la comunidad musulmana, lo que, según indican, contraviene el artículo 16 de la Constitución española. Así lo han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, subrayando la gravedad de esta infracción.

Este recurso califica la moción, que recibió el respaldo de los grupos políticos PP y Vox, como una violación del principio de neutralidad religiosa en el ámbito administrativo. Además, recuerda que cualquier limitación de derechos fundamentales debe estar debidamente motivada y ser proporcional, algo que, según el Gobierno, esta acción no cumple.

Los críticos con la moción apuntan que su propósito es claramente ideológico y busca excluir a los rituales de origen musulmán, como la celebrada 'fiesta del cordero'. Los promotores de la moción se justificaron señalando que estas celebraciones son completamente ajenas a la identidad cultural nacional que ha ido evolucionando a lo largo de los años.

Es importante destacar que la comunidad musulmana de Jumilla ha estado utilizando el pabellón deportivo municipal durante décadas para llevar a cabo sus festividades religiosas, previa autorización y pago de las tasas correspondientes, sin que se haya registrado ningún incidente de orden público en el pasado.

Esta situación se produce después de que el Ayuntamiento de Jumilla no respondiera a una solicitud del Gobierno presentada en agosto, en la que se le instaba a anular el acuerdo del pleno del 28 de julio, que prohibió cualquier acto religioso en las instalaciones deportivas de la ciudad.

El Gobierno ha expresado su preocupación por lo que considera una tendencia autoritaria por parte de ciertos sectores de la derecha y la ultraderecha, reafirmando su compromiso de actuar enérgicamente contra cualquier medida de los ayuntamientos o comunidades autónomas que pusiera en riesgo los derechos fundamentales.

El Gobierno menciona casos alarmantes como la censura educativa en Murcia, medidas coercitivas relacionadas con el aborto en Castilla y León, y la derogación de leyes de memoria histórica, mostrando su disposición a combatir estos actos que consideran regresivos.

Cabe recordar que Francisco Lucas había anunciado el 18 de septiembre su intención de solicitar a la Abogacía del Estado el recurso contra la moción del Ayuntamiento de Jumilla, evidenciando su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales en la región.

El 11 de agosto, la Delegación del Gobierno había emitido un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla solicitando la revocación de este acuerdo, argumentando que constituye una violación de la legalidad y un ataque a la libertad religiosa garantizada por la Constitución.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha afirmado que llevarán al Ayuntamiento de Jumilla ante los tribunales para proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la localidad, enfatizando la defensa de la libertad religiosa que la Constitución protege fervientemente.