En un preocupante desarrollo para la agricultura en la región de Mazarrón, Murcia, dos empresarios del sector agrícola están siendo investigados por la Guardia Civil por alterar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivos secanos para convertirlos en regadío. Estas actividades, según informan fuentes oficiales de la Benemérita, podrían estar vinculadas a un delito grave contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Un informe detallado elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha revelado que el impacto ecológico resultante de estas acciones podría ascender a más de tres millones de euros. La operación, conocida como 'Zahorí', inició su andadura sobre el año pasado tras recibir una denuncia que alertaba sobre la irrigación no autorizada en esta zona agrícola.

La investigación de la Guardia Civil se centra en una amplia área de fincas que pertenecen a una empresa local que ha procedido a cambiar, sin la debida autorización, el uso de estas tierras, lo que ha generado una considerable preocupación por su impacto ambiental. La transformación del uso de la tierra complicado el manejo de recursos hídricos y, con ello, aumenta la presión sobre los ecosistemas locales.

Es importante destacar que estas tierras afectadas se hallan dentro de Hábitats de Interés Comunitario (HIC) que están bajo protección debido al riesgo de desaparición. En particular, las estepas salinas mediterráneas de la zona albergan fauna única que se adapta entre los ambientes húmedos y secos, y cualquier alteración a este entorno puede tener efectos devastadores.

Las actividades agrícolas ilícitas también han tenido su cuota en la contaminación de las aguas subterráneas, provocada por el uso indiscriminado de fertilizantes y productos químicos. Según las conclusiones de la investigación, se ha confirmado que más de 50 hectáreas han sido modificadas sin la debida concesión de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), lo que ha afectado a los acuíferos cercanos.

El análisis pericial apunta a que los beneficios generados por estas actividades presuntamente ilegales podrían sobrepasar los dos millones de euros al año para los infractores. Esta situación plantea serias preguntas sobre la legalidad y la ética detrás de tales prácticas agrícolas en una región tan vulnerable ecológicamente.

El marco legal aplicado en este caso se refiere al artículo 325 del Código Penal, que establece penas de prisión que oscilan entre 6 meses y 2 años, así como multas que van de 10 a 14 meses. Este artículo también prevé la inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas durante uno a dos años si se comprueba que se ha causado un grave daño a los sistemas naturales al actuar en contra de leyes de protección ambiental.