En medio de la crisis provocada por la DANA Alice, que ha causado severas inundaciones en diferentes localidades del Campo de Cartagena, se ha alzado la voz de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia. Esta mañana, la formación ha expresado su preocupación por lo que consideran un estado alarmante del servicio de Atención de Llamadas del 1-1-2, al que culpan de estar colapsado y falto de recursos, lo que, según ellos, evidencia el fracaso de la estrategia privatizadora del Gobierno de López Miras.

Los líderes de Izquierda Unida han hecho una comparación entre la actuación del Ejecutivo murciano y la gestión del PP en la Comunitat Valenciana, donde la lluvia ha sobrepasado las capacidades del sistema de emergencias a causa de años de recortes y privatizaciones en servicios fundamentales.

Desde esta perspectiva, IU-Verdes recuerda que el deterioro del 1-1-2 no es un problema aislado, sino el efecto acumulado de un modelo de gestión fallido y mercantilizado. Esto se hace evidente tras las quejas de quienes coordinan el servicio y el anuncio de Ilunion Emergencias (Grupo ONCE) de que no renovará el contrato actual, que termina el próximo 14 de noviembre.

La formación ha pedido al Gobierno regional que comience un proceso de reinternalización del servicio y que contrate directamente al personal, ya que, según ellos, la externalización ha resultado un fiasco que pone en peligro la atención a la ciudadanía en momentos críticos.

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha resaltado que los informes internos del 1-1-2 indican un “deterioro real” en la calidad de la atención. En septiembre, se registraron más de 102.000 llamadas, de las cuales un millar no obtuvieron respuesta, superando el límite contractual establecido.

Luna ha remarcado la importancia crítica de este servicio para la atención de emergencias sanitarias, incendios y accidentes, enfatizando que la falta de atención adecuada supera ya el límite permitido por el contrato. “No se puede manejar un servicio esencial como si se tratara de una simple línea de telemarketing”, afirmó.

Además, Luna ha señalado la grave insuficiencia de personal, con solo un coordinador por turno, cuando serían necesarios al menos dos para manejar el volumen actual de llamadas, lo que impide a los trabajadores tomar los descansos correspondientes debido a la sobrecarga.

La coordinadora ha subrayado que lo que está sucediendo en el 1-1-2 no es un evento aislado, sino el resultado de una gestión deficiente marcada por recortes y falta de previsión. Desde Izquierda Unida se exige una gestión pública eficiente, con personal suficiente y condiciones laborales adecuadas.

Por su parte, el diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos ha hecho responsables al Gobierno de López Miras del deterioro del sistema de emergencias, argumentando que es una consecuencia directa de la política de privatización del Partido Popular.

“El 1-1-2 está en crisis a causa de la privatización. El contrato con Ilunion, que asciende a cerca de siete millones de euros, no ha logrado proporcionar condiciones laborales justas ni una atención de calidad”, afirmó.

Álvarez-Castellanos ha añadido que la empresa ha anunciado su intención de no continuar al no resultar rentable el contrato, lo que demuestra que este modelo de gestión ha fracasado, con la calidad y la seguridad en grave riesgo.

El diputado ha exigido al Gobierno autonómico que asegure la continuidad del servicio sin que se comprometa su calidad, que refuerce los equipos de trabajo y que restablezca la figura del segundo coordinador por turno, actualmente eliminada. Además, ha instado a iniciar un proceso de reinternalización para devolver el 1-1-2 a una gestión pública transparente.

“Las emergencias no pueden quedar sujetas al lucro de una empresa privada. Es hora de devolver el 1-1-2 a un servicio público verdaderamente al servicio de la ciudadanía”, recalcó el diputado.

Finalmente, Izquierda Unida-Verdes ha puesto de relieve que la gestión privada no sólo pone en riesgo la atención a la ciudadanía, sino que también empobrece las condiciones laborales de quienes trabajan en la atención de emergencias, a menudo enfrentándose a jornadas sin pausas y con altos niveles de estrés.

“No existe calidad en la atención sin dignidad laboral”, concluyó Penélope Luna, instando al Gobierno regional a optar entre continuar con la externalización o garantizar un servicio público eficiente y humano.