Vox ha proclamado que los recursos financieros deben enfocarse en lo que realmente es fundamental: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La formación política ha llevado a cabo una propuesta significativa destinada a modificar la Ley de Participación Institucional de Murcia, buscando eliminar la obligación de asignar fondos públicos a sindicatos y patronales.

Gracias al apoyo del Partido Popular y Vox, quienes votaron a favor, esta iniciativa ha sido aprobada con un total de 29 votos, mientras que el PSOE y el Grupo Mixto se opusieron con 14 votos en contra. Esto ha llevado a la derogación parcial de la ley que regula la participación de las organizaciones más representativas en la región.

José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox, ha celebrado esta decisión, afirmando que se ha puesto fin a la financiación obligatoria de “chiringuitos” en el ámbito sindical y empresarial. Para Antelo, se trata de un paso crucial hacia la eliminación del clientelismo que ha perjudicado la economía pública, beneficiando solo a unos pocos a lo largo de los años.

Adicionalmente, el líder de Vox ha manifestado su intención de erradicar todas las asignaciones presupuestarias que se destinan a partidos políticos, considerando un escándalo que mientras muchas familias luchan por llegar a fin de mes, dichos partidos continúen recibiendo respaldo financiero del estado.

Previo al debate, María Marín, portavoz de Podemos, junto a María del Carmen Fernández del PSOE, solicitaron la retirada del punto a discutir, alegando la falta de un informe jurídico requerido por el reglamento de la Cámara, lo que planteaba dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta. No obstante, la Asamblea decidió continuar con el debate, resultando en una votación final donde se mantuvo el curso del punto del día.

El diputado del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha denunciado lo que considera un "chantaje" por parte de Vox hacia el PP. Explicó que su partido había ofrecido un pacto presupuestario sin condiciones, pero el Gobierno regional optó por coaligarse con Vox, un hecho que, según él, refleja una inclinación hacia un ejecutivo con características que calificó como “racista y xenófobo”.

Por su parte, María Marín ha descalificado la propuesta de Vox como una “cortina de humo” y ha advertido que sus acciones buscan debilitar a las organizaciones sindicales, dejando a los trabajadores sin defensa frente a los grandes empresarios.

El diputado del PP, Antonio Landáburu, ha defendido la reforma argumentando que no se recortan derechos y que se busca mejorar el diálogo social e optimizar los recursos disponibles en Murcia. Ha defendido la autonomía de los agentes sociales y planteado que los sindicatos deberían ser capaces de mantenerse con el apoyo de sus propios afiliados.

En otro tema, la socialista María Soledad Sánchez logró la aprobación unánime de una moción para evitar el cierre de servicios de salud durante el verano, recibiendo el apoyo de 43 diputados. Sánchez criticó duramente la estrategia del Gobierno del PP al cerrar consultorios y centros de salud durante la temporada alta.

La diputada de Vox, María Eugenia Sánchez, coincidió en la crítica a la reducción de la actividad sanitaria en verano, presentando datos que muestran el cierre de numerosos consultorios médicos durante los últimos años.

Pudo observarse que Podemos también se unió a la moción del PSOE sobre la continuidad de los servicios de salud en verano, recordando que su grupo ya había registrado previamente una iniciativa para garantizar la contratación de personal sanitario en esos periodos.

En respuesta, la diputada del PP, María del Carmen Ruiz Jódar, subrayó los desafíos que enfrenta el sistema de salud en España, especialmente la falta de especialistas estacionales. Sin embargo, afirmó que el Gobierno regional ha realizado esfuerzos considerables al contratar más de seis mil profesionales y destinar 35 millones de euros para reforzar el sistema sanitario.

Además, se discutió una moción del diputado del PSOE, Juan Andrés Torres, sobre la adjudicación de matrículas de honor, que fue rechazada por el PP y Vox. Torres destacó que su partido había conseguido que la Consejería de Educación reformara su postura respecto a las matrículas, permitiendo su otorgamiento sin el requisito de nota en religión.

El diputado de Vox, Antonio Martínez, criticó el enfoque educativo contemporáneo que, según él, busca eliminar valores tradicionales como la religión y la patria, acusando a los sectores progresistas de intentar desestabilizar los fundamentos de la religión cristiana.

Finalmente, el parlamentario del PP, Carlos Albadalejo, explicó que la consejería emitió una circular sobre este tema debido a la falta de pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia, dirigiendo críticas al PSOE por haber llegado tarde a la controversia sobre las matrículas de honor.