La diputada regional del PSOE, Lola Jara, ha criticado al presidente de la Región de Murcia, López Miras, acusándolo de ignorar la Ley de Memoria Democrática y de dar la espalda a las familias murcianas que sufrieron represión durante la dictadura franquista.
Jara señaló que el Gobierno regional del PP, apoyado por Vox, no asignará fondos en los presupuestos regionales de 2024 para implementar esta ley, aprobada por las Cortes Generales en 2022.
La diputada afirmó que esto demuestra el absoluto desprecio del PP hacia las víctimas de persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, convirtiendo así a la Región de Murcia en un referente del negacionismo.
Además, Jara destacó que el PP de Murcia ha rechazado ayudas del Gobierno de España y se ha opuesto a regular la Memoria Democrática a nivel regional, a diferencia de la mayoría de las comunidades autónomas.
La diputada consideró esta situación intolerable, especialmente en una región donde se han contabilizado más de 500 fosas y casi 2.000 víctimas, y donde aún existen símbolos y nombres de calles que enaltecen la dictadura franquista y a sus responsables.
Jara recordó que hasta ahora ha sido el Estado quien ha asumido los gastos de exhumaciones, elaboración de censos de víctimas, localización de estructuras construidas con trabajo forzado, y protección de archivos históricos. Además, se han llevado a cabo campañas para fomentar el conocimiento del pasado reciente y los valores democráticos.
Ante la falta de cumplimiento de sus responsabilidades por parte del Gobierno de López Miras, el Estado ha convocado subvenciones para contar con la colaboración de entidades locales, universidades y asociaciones memorialistas en la investigación y dignificación de las personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura.
La diputada hizo hincapié en que estas iniciativas han sido posibles gracias a un Gobierno de España progresista y comprometido con las políticas públicas, a pesar de haber enfrentado acoso por parte de concentraciones que han expresado simbología franquista, de ultraderecha y llamamientos a un golpe de Estado. Por lo tanto, afirmó la necesidad de seguir defendiendo los valores democráticos.
En conclusión, el Grupo Parlamentario Socialista se comprometió a trabajar junto a la sociedad civil para devolver la dignidad y memoria a las víctimas, así como garantizar la cohesión y convivencia de la ciudadanía española.
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