El pasado martes, durante la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el Gobierno de la Región de Murcia tomó la decisión de rechazar la propuesta de capacidad ordinaria presentada por el Ministerio de Juventud e Infancia. Esta decisión se basa en la consideración de que los datos aportados son "irreales" y provienen de "fuentes desconocidas y poco fiables", según han manifestado fuentes del ejecutivo regional a través de un comunicado oficial.

En el encuentro, María Luisa Lozano, directora general de Familias, Infancia y Conciliación, exigió al Ministerio una aclaración sobre el proceso de cálculo de estas cifras. Lozano destacó que las estadísticas enviadas por la Región de Murcia habían sido desestimadas, mientras que el Ministerio parece favorecer a comunidades autónomas afines al Gobierno de Pedro Sánchez, como son el País Vasco y Cataluña, que quedan excluidas del reparto de recursos.

La directora general también criticó la intención del Ministerio de implementar un sistema de protección infantil de "bajo costo", que está lejos de cumplir con los estándares recomendados por la Unión Europea y el propio Gobierno central. Advierte que esta imposición de recursos puede agravar la situación actual, ya que los sistemas de acogida en la Región de Murcia ya se encuentran bajo presión.

Asimismo, Lozano subrayó que la financiación asignada a la Comunidad Autónoma, que asciende a 1,7 millones de euros, apenas cubre el 19% de los costos reales necesarios para atender a los 133 menores que se encuentran bajo su tutela. Esto pone de relieve la preocupación por la insuficiencia de recursos para abordar adecuadamente las necesidades de los menores en situación de desamparo.