En la reciente sesión de control en la Asamblea Regional de Murcia, el consejero de Educación, Víctor Marín, emitió una clara advertencia sobre los riesgos de implementar cambios normativos relativos a la distancias entre salones de juego y centros educativos. Marín catalogó de "imprudente" considerar estos ajustes en el momento actual, ya que ello podría dar lugar a "inseguridad jurídica" when las cuestiones sobre la proporcionalidad de estas restricciones están siendo debatidas en los tribunales, tras un reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La intervención de Marín se produjo en respuesta a la solicitud del diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos, quien instó a reformar la normativa autonómica del juego para establecer distancias mínimas. Álvarez-Castellanos recordó que la Asamblea había respaldado prácticamente por unanimidad una moción que buscaba estas modificaciones, lo que, según él, debería ser una prioridad en la agenda legislativa.

El diputado enfatizó que, al momento de renovar las licencias de juego, las distancias a los centros educativos deberían ser las que rigen en el instante de la renovación, de acuerdo al artículo 7.2 de la Ley del Juego de la Región de Murcia. Esta posición refleja su preocupación por adaptar la normativa a las realidades cambiantes de la sociedad.

Sin embargo, Marín reiteró que el juego es una actividad legal que debe ser regulada por las comunidades autónomas, y que cualquier cambio debe ser cuidadosamente evaluado para no comprometer la "seguridad jurídica". Subrayó que desde 2018 no se han emitido nuevas licencias para salones de juego ni bingos, y que se están aplicando rigurosas medidas de control, como la prohibición de acceso a menores.

El consejero también habló sobre un plan de inspección que ha permitido más de 1.500 actuaciones en el último año, y destacó la existencia de un Plan Regional de Adicciones 2021-2026, que considera la ludopatía como una prioridad y trabaja en centros educativos con programas reconocidos a nivel europeo. Según Marín, el juego online es donde se observa un crecimiento más preocupante entre los jóvenes.

Además, el consejero mencionó que se están desarrollando nuevos decretos para aumentar el control de accesos a salones de juego, eliminar publicidad en las fachadas de estos locales y mejorar los registros de personas prohibidas. En cuanto a la posición del TJUE, Marín indicó que estos reconoce que las restricciones de distancia pueden tener justificación en interés público, pero que la decisión final sobre su proporcionalidad aún está en manos de la justicia, lo que impide anticipar cambios legislativos en este ámbito.

Por otra parte, el diputado socialista Juan Andrés Torres no perdonó la oportunidad de criticar al consejero, acusándolo de retrasar la transferencia de fondos a los institutos para sus gastos operativos. Según Torres, esta falta de apoyo financiero ha llevado a los centros educativos a acumular deudas con sus proveedores. La respuesta de Marín fue que estos abonos están bajo una "planificación rigurosa" y que se están realizando los esfuerzos necesarios para regularizar la situación.

Otro tema abordado fue la contribución de las personas de origen extranjero a la economía regional. La diputada del Grupo Mixto, María Marín, presentó datos y estudios sobre este tema, pero el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, enfatizó que su análisis económico no se basa en el origen de las personas, sino en la productividad y el empleo. Defendió la necesidad de fomentar una inmigración "legal y ordenada".

En el mismo Pleno, se presentó el "Investor Care Center", una iniciativa pionera en atención integral al inversor creada en la región, que apuntala la importancia de la atracción de inversiones. La consejera de Empresa, María Isabel López, subrayó la relevancia de este espacio para el desarrollo económico local, señalando que generará un impacto positivo en términos de empleos e inversión en los próximos años.

El control de enfermedades, particularmente en relación con la peste porcina africana, también fue tema de discusión. El diputado de Vox, Pascual Salvador, solicitó información sobre las medidas de prevención ante posibles brotes en la región. La consejera de Empresa aseguró que existen protocolos robustos y que Murcia ha estado libre de esta enfermedad desde 1988, reforzando la capacidad de respuesta ante potenciales amenazas sanitarias.

Finalmente, el consejero de Fomento, Jorge García, fue interpelado sobre las inversiones en carreteras en Cartagena. García comunicó que se han dedicado más de 11 millones de euros a mejorar la red viaria del municipio desde noviembre del año pasado, destacando proyectos cruciales como el desdoblamiento de la RM-332 y mejoras en diversas glorietas.

Por último, en respuesta a la inquietud del diputado socialista Miguel Ángel Ortega sobre posibles incrementos en el alquiler para 2026, el consejero García expuso que el problema se deriva de la Ley estatal de vivienda y la tragicómica disminución de oferta, abogando por la derogación de esta normativa y criticando los efectos provocados por las "zonas tensionadas".