En la última reunión de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto en la Asamblea Regional, el consejero Luis Alberto Marín ha criticado duramente a los partidos de oposición, quienes han presentado el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General de 2022 como si los hallazgos fueran "ilegalidades". Marín ha desmentido que la Comunidad Autónoma esté en deuda con sus proveedores en unos 3.000 millones de euros, afirmando que se trata simplemente de "ajustes presupuestarios".

El consejero ha defendido que el informe del Tribunal confirma que la Cuenta General refleja de manera precisa la situación financiera de la Comunidad, además de señalar que la gestión se ha realizado conforme a la normativa vigente, independientemente de las salvedades mencionadas. Marín ha aclarado que estas salvedades no son un cuestionamiento general sobre la cuenta, sino que apuntan a áreas específicas que podrían mejorarse, subrayando que equipararlas a ilegalidades es una "distorsión deliberada" de los hechos.

Gran parte de la intervención de Marín se centró en la contabilización de las aportaciones al Servicio Murciano de Salud (SMS). Según explicó, ciertas aportaciones no se reflejaron como gasto en el ejercicio de 2022, lo que influye en el resultado presupuestario. A pesar de esto, enfatizó que no se debe interpretar como una reducción real de recursos ni como un detrimento en los servicios de salud. "No se está faltando a la realidad, en absoluto" aseguró, subrayando que los fondos se destinaron al "mantenimiento de servicios públicos esenciales".

Respecto al remanente de tesorería, Marín aclaró que las recomendaciones del Tribunal sobre la adecuación de derechos de cobro vinculados al SMS inciden en su cálculo, especificando que el 99,41% de los ajustes necesarios están relacionados con la interacción financiera entre la región y el SMS. Confirmó que dichas correcciones ya se han reflejado en la cuenta de 2023, y recordó que el remanente no debe considerarse como un fondo disponible libremente.

Durante su exposición, el consejero explicó que la "infrafinanciación brutal" que padece la Región está cifrada en 1.675 millones en comparación con la comunidad mejor financiada. Destacó que un 84% del presupuesto se destina a servicios públicos vitales, tales como Sanidad, Educación y Política Social, y defendió la idea de que, aunque sea necesario recurrir a la deuda a través de mecanismos extraordinarios, "los murcianos van a recibir los servicios que necesitan".

Sobre la condonación de deuda que ha planteado el Gobierno central, Marín cuestionó su efectividad, señalando que la AIReF ha indicado que los ahorros en intereses no pueden ser asignados directamente a un gasto social adicional. "Si no me habilita para acceder a los mercados financieros y no me permite destinar ese ahorro, ¿cuál es su utilidad?", planteó el consejero.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias realizadas en 2022, Marín detalló que ascendieron a 419 millones, lo que representa una reducción del 67% en comparación con el año anterior, en un contexto marcado por la pandemia, la crisis energética y el estallido de la guerra en Ucrania. Además, apuntó que el nivel de reparos se sitúa en un 0,07% de los expedientes analizados, resaltando que una recomendación se ha cumplido, siete están en progreso y tres aún no se han atendido.

Ante la acusación de deuda con los proveedores, Marín volvió a insistir: “¿Creen que si la Comunidad Autónoma debiera 3.000 millones a proveedores alguien seguiría dándonos suministros? Nadie. Esto son ajustes presupuestarios, no impagos reales”, reafirmó el consejero.

La oposición no tardó en responder. El diputado del PSOE, Alfonso Martínez, mencionó que el informe del Tribunal contiene casi 300 páginas y destacó la frase que aclara las salvedades. Insistió en que la Asamblea Regional ha rechazado la Cuenta General en periodos entre 2015 y 2021 y preguntó a Marín si asume alguna responsabilidad por ello. Martínez citó problemas como la sobrevaloración de derechos de cobro, modificaciones presupuestarias excesivas y un déficit significativo en el presupuesto de 2022, además de criticar las políticas fiscales del Ejecutivo en un contexto de pobreza creciente.

Desde el partido Vox, el diputado Rubén Martínez calificó la política fiscal del Gobierno regional de “estafa”, señalando que los beneficios de la deflactación del IRPF son irrisorios, apenas entre 8 y 10 millones de ahorro para 550.000 contribuyentes. También relacionó el informe con las indemnizaciones pendientes por el terremoto de Lorca, tildando al Ejecutivo de “incompetente”.

El diputado José Luis Álvarez Castellanos, del grupo Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, criticó que el Gobierno se justifique en comparaciones con el Estado y denunció que algunos organismos financieros no aparecen en la Cuenta General. También arremetió contra las bonificaciones fiscales, incluida la del impuesto de patrimonio.

Por su parte, Carlos Albaladejo, del PP, destacó que el Tribunal avaló la corrección general del marco normativo y rechazó las acusaciones de que la cuenta era “una estafa”, asegurando que el Gobierno regional ha sabido mantener las prestaciones y fortalecer las plantillas en una coyuntura económica complicada.