La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha manifestado en un Pleno de la Asamblea Regional que el centro de acogida de menores no acompañados en Santa Cruz "no se ajusta al nuevo modelo residencial" promovido por la Unión Europea, UNICEF y el Gobierno español, debido a su falta de conformidad con los requisitos establecidos para entornos familiares y reducidos.

Esta declaración de Ruiz se produjo durante la respuesta a la diputada socialista Lola Jara, quien criticó al Gobierno de López Miras por ceder a lo que considera un "chantaje inaceptable" de Vox, que exige el cierre del centro a cambio de su apoyo en la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de 2025. "Es inmoral jugar con la vida de 72 niños que han llegado aquí en situación de vulnerabilidad", enfatizó Jara.

La consejera insistió en que el Gobierno de Murcia "cumplirá con la ley" y destacó que hasta ahora, nueve entidades de acogida han adaptado sus instalaciones al nuevo modelo requerido. Explicó que el centro de Santa Cruz estaba destinado a ser un lugar de acogida temporal inicial, pero actualmente alberga a más de 60 menores durante períodos prolongados, lo cual contradice las directrices de organizaciones internacionales y del propio Ejecutivo de Sánchez.

En respuesta a la condena de Jara sobre el cierre del centro como un retroceso en la protección infantil, la diputada recordó que estos menores están bajo la tutela de las leyes que promueven sus derechos. Señaló además que tanto el Estado como la UE financian estos dispositivos, cruciales para la integración y el bienestar de los menores migrantes.

La consellera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López, abordó la situación de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos de la UE, que impactan directamente al sector agroalimentario murciano. Aseguró que el Gobierno regional ha actuado con "responsabilidad y anticipación" ante este desafío comercial.

López respondió a una pregunta planteada por el diputado de Podemos, Víctor Egío, y subrayó que se han implementado medidas concretas incluso antes de que se oficializara el anuncio de las restricciones comercializadas por el gobierno estadounidense.

Entre las acciones destacadas por la consejera se encuentra un programa específico para apoyar al sector agroalimentario, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, diseñado para contrarrestar los efectos de los aranceles y para fortalecer la competitividad de las empresas murcianas.

Además, abordando la misma temática, López aceptó que la política de aranceles del presidente Trump ha perjudicado seriamente al comercio internacional y a las exportaciones de Murcia, una postura reafirmada por el socialista Alfonso Martínez, quien alertó sobre las posibles reducciones del 18% en exportaciones regionales debido a estas medidas proteccionistas.

Martínez también criticó que mientras el Gobierno de España ha movilizado una considerable cantidad de recursos para mitigar el impacto de los aranceles en toda la nación, la región solo haya recibido un apoyo limitado, lo que comparó con el trato favorable a Cataluña.

La consejera López expresó su condena a las decisiones unilaterales de la administración Trump, señalando que estas no solo limitan el crecimiento económico, sino que golpean con mayor fuerza a un sector agrícola que es vital para la economía y el empleo en Murcia.

Además, López acusó al Gobierno central de falta de coordinación con las comunidades autónomas, y destacó que en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización, que se llevará a cabo mañana, se expondrán medidas que no han tomado en cuenta las propuestas de los gobiernos locales. Este encuentro, según ella, llega con demoras y no aborda de manera efectiva la problemática de los aranceles.

En cuanto al consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, confirmó que se está trabajando en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de Calnegre-Cabo Cope, en respuesta a la crítica de la diputada de Podemos, María Marín, sobre el estancamiento de este proyecto durante más de tres décadas.

Marín advirtió sobre las amenazas al parque, como la posible conversión de Cala Blanca en terreno urbanizable y la autorización de un camping que invade el espacio protegido. Subrayó la necesidad de un PORN y un marco legal que impida la degradación del parque, sugiriendo que la falta de estos ha dejado al espacio vulnerable a la especulación.

Vázquez defendió que su departamento está trabajando con rigor y dentro de los procedimientos legales, asegurando que se están elaborando los documentos técnicos necesarios y resaltando la reciente integración de Cabo Cope en el catálogo de montes públicos en Murcia.