El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha decidido no convalidar el Decreto-ley 3/2025, que contenía medidas urgentes centradas en la vivienda y la regulación urbanística, propuesto por el Gobierno de la Región. La votación evidenció una clara división, con el PSOE, Vox y el Grupo Mixto oponiéndose, mientras que solo el Partido Popular respaldó la iniciativa, resultando en un revés significativo para el Ejecutivo regional en su intento de aumentar la oferta de viviendas en la comunidad.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, defendió el decreto como una medida necesaria ante la actual crisis residencial en la Región, instando a los diputados a asumir un papel activo en la solución y no en el problema. García argumentó que el decreto surgió de un proceso de diálogo con actores del sector y presentó propuestas innovadoras, como la introducción de viviendas asequibles específicas para la Región de Murcia, reemplazando el convencional modelo de Vivienda Protegida (VPO).

García explicó que el nuevo marco simplifica los trámites administrativos al sustituir calificaciones por una declaración responsable, incorpora modelos de vivienda colaborativa como coliving y cohousing, y establece incentivos urbanísticos atractivos. Entre ellos, se incluye un aumento del 40% en la edificabilidad para proyectos de vivienda protegida y un 50% para terrenos municipales o de interés arqueológico. A pesar de estos esfuerzos, el consejero lamentó que la oposición eligiera bloquear la iniciativa en lugar de colaborar.

En respuesta, el diputado del PSOE, Miguel Ángel Ortega, justificó su voto en contra al señalar la falta de diálogo y medidas eficaces para reducir el precio de la vivienda. Ortega también argumentó que el gobierno regional había desestimado las tres propuestas presentadas por su partido, las cuales incluían mantener el suelo público bajo control estatal y garantizar que al menos el 30% de las viviendas asequibles se reservaran para alquileres accesibles. Según el socialista, los costos anunciados para las viviendas resultan inalcanzables para la mayoría de las familias y jóvenes de la Región.

El diputado socialista también criticó al Gobierno de López Miras por no haber construido viviendas públicas durante sus ocho años en el cargo y por trasladar competencias a los municipios sin los recursos necesarios para gestionarlas. Ortega afirmó que el decreto continuaba con una legislación del suelo que había desencadenado la mayor crisis económica en el país y que favorecía a los especuladores del sector.

Desde Vox, María José Ruiz criticó la propuesta del PP, calificándola de un intento más del bipartidismo que simplemente replicaba el modelo del PSOE. Ruiz argumentó que el decreto no abordaba la reducción de impuestos ni la liberalización del suelo, proponiendo que la solución para disminuir los precios de la vivienda pasaba por liberar terrenos no protegidos y bajar la carga fiscal. Además, descalificó las referencias a modelos de vivienda compartida como coliving y cohousing, considerándolas propias de enfoques colectivistas.

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, añadió que su grupo votó negativamente porque el PP no había negociado el decreto con ellos, acusando a los miembros del partido de presentar textos cerrados sin consenso. Según Antelo, el PP había prometido un gran número de viviendas y, sin embargo, la realidad mostraba que prácticamente no se habían construido durante su gestión. Criticó que el decreto perpetuaba los errores del bipartidismo en vez de ofrecer soluciones reales.

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, de Podemos-IU-AV, tildó el decreto de "publicidad engañosa", afirmando que no generaba viviendas asequibles sino que representaba un engaño al establecer precios superiores a los promedios regionales. Cuestionó la capacidad del actual Gobierno para abordar realmente las necesidades de la población, acusándolo de actuar en los intereses de grandes desarrolladores y de privatizar el suelo público.

En defensa del decreto, Joaquín Segado, del PP, lamentó el resultado de la votación y cuestionó la actitud de PSOE y Vox, a quienes acusó de bloquear soluciones necesarias para la Región. Segado defendió la iniciativa como pionera y producto de un diálogo con diversas partes interesadas, advirtiendo que el rechazo de la oposición significaba ignorar las necesidades de los jóvenes y la clase media de Murcia.