El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha destacado la importancia de la "unidad de acción" demostrada por el Gobierno murciano, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y el propio Scrats en la coordinación de los cuatro recursos presentados ante el Tribunal Supremo (TS) contra el polémico Real Decreto que establece un "recorte drástico" al trasvase y que ya está generando efectos negativos. Según Jiménez, el proceso judicial será "dificilísimo" y durará "no menos de un año y medio" hasta que se resuelvan los recursos.

A pesar del complicado escenario judicial, Jiménez ha subrayado que el Estado "nunca había hecho algo tan torticeramente mal" como en este caso, llegando incluso a ser censurado por el Consejo de Estado. A pesar de todo, ha afirmado que tienen "todas las esperanzas" y mantienen "la mejor de las intenciones".

En una reunión con el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, y el catedrático de Historia e Instituciones Económicas Joaquín Melgarejo, Jiménez ha destacado que la coordinación y el esfuerzo conjunto han dado "empaque y seriedad" a un tema muy importante y han mostrado "una unidad de acción fundamental". El presidente del Scrats, además, ha denunciado la planificación "política" del Gobierno central en la materia.

El incremento de los caudales ecológicos en el Tajo hasta 8,65 m3 por segundo en el ámbito de planificación 2022-2027, supondrá una merma de 105 hm3 en los caudales trasvasados, lo que repercutirá tanto en el descenso de los abastecimientos como en el regadío. Esto, según Melgarejo, llevará a la Región a una pérdida de un 15,6% de la superficie de regadío y a la pérdida de más de 15.300 empleos, así como a la reducción de más de 185,3 millones de euros al año en el Valor Añadido Bruto. Además, el incremento de cada m3 por segundo en el sector del regadío sería una pérdida de 149 millones de euros al año y la pérdida de 1.815 empleos.

Por todo ello, López Miras ha alertado sobre las graves consecuencias del "recorte" del trasvase para la Región de Murcia, no solo en la agricultura sino en toda la sociedad si no se produce la suspensión cautelar del decreto. En su ausencia, habrá un "perjuicio irreparable" y supondrá "la ruina" para el sector agrícola que ya sufre importantes pérdidas. El presidente murciano ha justificado que "no existe ningún interés público superior que exija la aplicación inmediata, pero sí está más que demostrado que su aplicación genera de inmediato graves perjuicios económicos y sociales en la Región de Murcia".