El 14 de septiembre en Murcia, la diputada del Partido Popular, Mari Ángeles Román, ha denunciado el rotundo fracaso de la gestión de Pedro Sánchez en relación a la regulación de los pisos turísticos ilegales. Según Román, este descontrol contrasta con las acciones concretas y efectivas llevadas a cabo por el Gobierno de Fernando López Miras, que ha logrado eliminar más de 1.200 anuncios irregulares de diversas plataformas digitales a través de una unidad dedicada a la inspección online.

Román ha expresado su preocupación acerca de que, en su primer día, Lucas ha hecho uso de la Delegación del Gobierno como una herramienta de campaña para Sánchez, quien presentó estos datos en un mitin electoral, mostrando así una falta de seriedad en la gestión del problema.

La diputada del PP ha criticado que el Gobierno central ofrezca soluciones superficiales que no solo llegan demasiado tarde, sino que también parecen intentar cubrir su ineficacia. Román ha insistido en que las acciones del Gobierno de Sánchez duplican los esfuerzos ya establecidos durante años por la administración regional, evidenciando la falta de efectividad de sus iniciativas.

Por otro lado, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo de López Miras, que ha colaborado estrechamente con el sector durante más de dos años mediante la mencionada unidad de inspección en línea. Este trabajo continuará, pese a los cambios erráticos del Ministerio de Vivienda, que, según Román, afectan negativamente tanto a los propietarios como al sector turístico en general.

Asimismo, Román ha subrayado la urgencia de establecer una normativa que garantice la eliminación efectiva de los alojamientos irregulares en plataformas digitales, en lugar de depender de un decreto improvisado que, según advirtió, ha revelado su ineficacia.

Finalmente, ha criticado el decreto de ventanilla única, calificándolo de ineficaz al invadir competencias autonómicas y multiplicar registros, algo que entra en conflicto con la normativa europea. Además, ha señalado que impone a los propietarios una pesada carga burocrática que contradice el enfoque de simplificación administrativa apoyado por el Gobierno murciano.