En un reciente evento ante la Comisión Especial de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Asamblea Regional de Murcia, el exdirector territorial de la Fundación Secretariado Gitano, Jesús Salmerón, hizo un llamado apremiante para la revisión del programa básico de alimentos de la región. En su intervención, enfatizó la urgencia de implementar de manera efectiva el plan de servicios sociales fijado en la legislación autonómica para abordar con seriedad la pobreza y la exclusión.

Salmerón consideró la creación de esta comisión como una acción significativa y destacó la importancia de fomentar un diálogo inclusivo entre diferentes perspectivas. Aunque se abstuvo de ofrecer estadísticas específicas sobre la pobreza, subrayó que es fundamental contar con datos precisos para poder abordar adecuadamente las necesidades de diferentes municipios y grupos vulnerables.

Durante su discurso, señaló que existe una carencia de información crítica sobre cómo la pobreza–en sus diversas formas–afecta a ciertos grupos y zonas del territorio. Salmerón abogó por aportar “calidad y calidez” a la interpretación de las estadísticas, de manera que se preserve la dignidad de las personas que enfrentan situaciones de exclusión.

El exdirector también argumentó que la pobreza no es un fenómeno aislado, sino que requiere reformas sustanciales en el sistema económico, particularmente en lo que respecta a la creación y distribución de la riqueza. Como ejemplo, mencionó las serias deficiencias del programa básico de alimentos, que proporciona una tarjeta de compra para productos de primera necesidad a familias con menores, pero que excluye a muchos de los realmente necesitados.

Salmerón criticó que este programa no abarca a aquellos en situaciones de irregularidad administrativa o en economía informal, solicitando una reestructuración que garantice que las ayudas lleguen a todos los grupos vulnerables. También se refirió a la falta de cumplimiento de la Ley Regional de Servicios Sociales, vigente desde 2019, señalando que aún no se han elaborado el plan estratégico ni el catálogo de prestaciones, herramientas esenciales para un sistema que funcione con equidad.

El orador advirtió que sin estos instrumentos, los ciudadanos no están claros sobre sus derechos, y los recursos no se distribuyen de manera justa, lo que infringe la efectividad de la normativa y causa descontento. En cuanto a la estrategia de lucha contra la pobreza, instó a que no se convierta en meras palabras sin acción, sino que debe ser un plan concordado, realista y respaldado por los diferentes departamentos del Gobierno.

Salmerón enfatizó la importancia de priorizar derechos fundamentales como el acceso a ingresos adecuados, vivienda digna, educación continua y empleo de calidad. Aunque reconoció que el empleo no es la solución viable para todos, propuso fortalecer iniciativas como el empleo protegido y las empresas de inserción. También abogó por una administración pública efectiva que colabore con el Tercer Sector Social, el cual desempeña un papel crucial por su conocimiento del entorno y su capacidad de impacto positivo.

Desde la bancada socialista, Toñi Abenza elogió a Salmerón por su claridad y su enfoque metódico, destacando que su intervención fue una de las más completas en términos de diagnóstico y propuestas concretas. Abenza también subrayó la gravedad del problema del chabolismo en la región y enfatizó la necesidad de un enfoque integral en la lucha contra la pobreza, involucrando todas las consejerías, en especial la de Hacienda.

En contraste, el representante de Vox, Antonio Martínez, reconoció la contribución cultural del pueblo gitano, pero expresó sus reservas sobre el discurso de Salmerón, tildándolo de “eco-progresismo socialista”. Por otro lado, Pascual Salvador planteó dudas sobre si el Tercer Sector podría estar perpetuando la pobreza y criticó que se enfatizara demasiado en derechos olvidando las obligaciones, advirtiendo que desestimar el papel del empleo podría resultar contraproducente.

Finalmente, el diputado del Partido Popular, Miguel Ángel Miralles, coincidiendo con Salmerón, reflexionó sobre la complejidad de abordar la pobreza estructural. Celebró la reciente aprobación del Plan de Servicios Sociales en la región, que pretende incluir programas de acompañamiento social para personas sin hogar, y subrayó que las comunidades autónomas del sur, como Murcia, enfrentan serias limitaciones financieras, complicando la implementación efectiva de políticas adecuadas. “No podemos exigir lo mismo a quienes reciben mil euros por habitante que a quienes reciben 1,600”, insistió, haciendo comparaciones entre la región y otras como el País Vasco o Cataluña.