La reciente operación realizada por la Guardia Civil en la Región de Murcia, en colaboración con el Consejo de Agricultura Ecológica (CAERM), ha destapado un grave caso de fraude en el sector hortofrutícola, conocido como 'Hot lemon'. Tres empresarios del sector están siendo investigados por presuntas prácticas delictivas que incluyen estafa y falsedad documental.

La investigación se originó como parte de un control más amplio sobre la comercialización de cítricos ecológicos, impulsado por el CAERM y el SEPRONA de la Guardia Civil. Durante las primeras fases de vigilancia en fincas de la comarca del Guadalentín, se identificaron irregularidades preocupantes que involucraban la mezcla de cítricos ecológicos con productos convencionales.

Los hallazgos revelaron un esquema donde las mezclas se realizaban en condiciones no autorizadas, incluyendo la transferencia de carga de camión a camión durante paradas programadas en rutas, lo que dificultaba su detección antes de llegar a su destino final: empresas productoras de zumos. Estas compañías adquirían los cítricos como si fueran ecológicos, beneficiándose de un precio significativamente más alto.

Las auditorías del CAERM confirmaron la existencia de documentos falsos, como albaranes fraudulentos, que los empresarios utilizaron para simular una trazabilidad engañosa de la fruta. Esta maniobra les permitió maximizar sus ganancias al comercializar productos que realmente no cumplían con los estándares ecológicos.

El precio del limón convencional era de solo 6 céntimos por kilo, en comparación con los 25 céntimos por kilo de los cítricos ecológicos, lo que representa un margen de ganancia del 417%. Este aumento significativo en los precios demuestra el atractivo de las prácticas deshonestas que perjudican la confianza del consumidor.

La mercantil que adquirió estos productos se ha visto afectada de manera importante, teniendo que suspender la exportación de más de 430 toneladas de bebidas que contenían esta materia prima, las cuales no podían ser etiquetadas como 'ecológicas'.

La investigación ha culminado en la imputación de tres empresarios por delitos de estafa, falsedad documental y violaciones a la legislación que protege al mercado de los consumidores, lo que pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia rigurosa en la industria agrícola.