Hoy, el partido Vox ha lanzado duras críticas al Gobierno regional, acusándolo de ser un "gestor de la miseria" y de realizar un reparto de ayudas que considera más "político" que "técnico", especialmente en lo relativo a familias vulnerables y medidas de conciliación. Estas declaraciones se produjeron durante un Pleno de control en el que interpelaron a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.

En un intercambio más que tenso, el diputado Rubén Martínez de Vox no se contuvo y calificó al Partido Popular de "estafa". Martínez, en un análisis de los presupuestos, destacó que tras restar ciertas partidas, solo quedan disponibles "8 millones y medio de euros" para ayudar directamente a las familias, lo que representa un exiguo "1% del presupuesto global".

El diputado insistió en que la situación es insostenible: "Más de medio millón de personas en la Región de Murcia viven en riesgo de pobreza y exclusión social," reclamó, añadiendo que "122.000 menores" también están afectados por esta grave situación. "No son solo cifras, señora consejera. Son niños que están pasando hambre en pleno siglo XXI en esta Región," enfatizó con indignación, subrayando que Murcia tiene la tasa más alta de pobreza infantil severa en España.

Martínez cuestionó los criterios utilizados para la distribución de ayudas municipales, utilizando una provocativa pregunta: "¿Es lógico que un rico reciba más que un pobre?". En su análisis, afirmó que no es técnico ni político que un Ayuntamiento gobernado por el PP priorice a un determinado sector sobre otro, y solicitó a la consejera que se aplicaran criterios de "eficacia, eficiencia y equidad".

En respuesta, la consejera Ruiz defendió que Vox aborda la pobreza desde un enfoque "microeconómico", mientras que los servicios sociales tienen en cuenta las diversas necesidades y perfiles de vulnerabilidad. "Eso no se mide solo por la renta per cápita, señor Martínez," refutó, justificando que el reparto de ayudas se realiza siguiendo "criterios técnicos" y en colaboración con los ayuntamientos, según lo estipula la ley vigente. También destacó que los fondos son auditados rigurosamente.

Por otro lado, durante otra interpelación centrada en la conciliación familiar, la diputada María José Ruiz de Vox afirmó que la Región es "una tierra fértil para la pobreza" y reveló que "casi el 50% de los niños se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social". Criticó además la insuficiencia de las "plazas gratuitas" disponibles para la atención a los menores.

Ruiz lanzó una dura crítica sobre la escasez de recursos, preguntando: "¿Sabe cuánto le corresponde a cada niño de este generoso presupuesto? Menos de 10 euros al año con fondos autonómicos." Afirmó que con tal cantidad no se puede lograr una verdadera conciliación, demandando "deducciones fiscales reales", apoyo a la natalidad y un "cheque de conciliación".

La consejera Ruiz respondió que el sistema de financiación y gestión opera a través de los municipios, y reprochó a Vox por no hacer lo suficiente para exigir al Gobierno central el Plan Corresponsables. Además, defendió que las iniciativas están generando empleo y citó que se han aprobado "600.000 euros en subvenciones directas" para 43 entidades locales, asegurando que "más de 2.500 familias se beneficiarán directamente" de estos programas en 2024.

En el ámbito sanitario, el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, expresó su preocupación por las variaciones presupuestarias en la Consejería de Salud en los últimos años. Recordó que su grupo había solicitado información por escrito y que la respuesta había sido vaga, haciendo alusión a "ajustes técnicos". Alertó sobre las advertencias del Tribunal de Cuentas respecto a que los créditos del SMS "están claramente por debajo de lo necesario".

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, defendió las variaciones señalando que la mayoría se deben a "ajustes contables de gastos e ingresos", así como a modificaciones para fondos externos. En defensa de su gestión, subrayó la necesidad de una "mejor financiación" y pidió que se demandara en Madrid una sustentación adecuada para los servicios de salud.

Por último, el Pleno también acogió una interpelación del PP sobre un programa de 3 millones de euros destinado a la transformación digital de empresas. La diputada Mari Ángeles Román subrayó que "hoy hablamos de empresas, pymes, microempresas y autónomos", criticando la creciente intervención del Estado en el ámbito fiscal y laboral. La consejera de Empresa, María Isabel López Aragón, explicó que las ayudas pueden llegar hasta los 80.000 euros por empresa, priorizando tecnologías de alto impacto para mejorar la competitividad de las pymes en la región.