La Asamblea Regional escuchó atentamente a los alcaldes de Cartagena, San Pedro y Los Alcázares, quienes plantearon la urgencia de abordar los problemas que afectan a sectores como la pesca, la necesidad de reducir el nivel del acuífero y la importancia de actuar en el origen de las causas que afectan al Mar Menor.

CARTAGENA (MURCIA), 18 de julio.

Los alcaldes hicieron hincapié en la necesidad de ejecutar medidas como el colector vertido cero y la importancia de hacer cumplir la ley actual durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional este jueves.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, subrayó la importancia de rebajar el nivel del acuífero para evitar la entrada de nitratos en el Mar Menor y la ejecución del plan del colector vertido cero como medidas de emergencia y solución a largo plazo.

Asimismo, resaltó la importancia de acometer el proyecto del colector vertido cero para evitar daños mayores en el Mar Menor, además de mencionar que hasta 2039 no habrá un nivel aceptable de nitratos según informes del Ministerio.

Por su parte, el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, destacó los problemas que enfrenta el sector pesquero y la importancia de encontrar un equilibrio entre la recuperación del Mar Menor y la sostenibilidad económica de la zona. Entre las medidas impulsadas se destaca la inversión en colectores y obras de mejora en la red de pluviales.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Ginés, insistió en la necesidad de hacer cumplir la ley actual antes de modificarla y abogó por aprobar un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor para abordar el problema de raíz.

En la sesión de la comisión, los diferentes grupos parlamentarios expresaron sus opiniones y propuestas para abordar la situación del Mar Menor, desde la necesidad de controlar los nitratos hasta la importancia de la participación ciudadana en el proceso de reforma de la ley.

A las puertas de la Asamblea, asociaciones ecologistas se manifestaron para exigir una mayor participación en el proceso de reforma de la ley y la paralización de la misma hasta que se abra un proceso participativo para todos los involucrados en la problemática del Mar Menor.