Arroyo exige pruebas de que el Gobierno ha descartado totalmente un CETI en Cartagena.

Arroyo exige pruebas de que el Gobierno ha descartado totalmente un CETI en Cartagena.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha celebrado lo que considera un "éxito" de la presión política y social de su municipio, que ha llevado al Gobierno central a renunciar a instalar un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en la localidad. Sin embargo, Arroyo exige garantías de que esta renuncia es definitiva.

Arroyo ha manifestado que si bien Cartagena está dispuesta a colaborar en la solución del problema de la inmigración, considera que no debe concentrarse todos los recursos en su zona. "La solución no puede estar en concentrar solo aquí todos los recursos destinados a la gestión de la inmigración en la zona", ha señalado.

La alcaldesa también ha recordado los antecedentes de la ciudad respecto a estas cuestiones. "Ya tenemos la experiencia de que en el pasado se nos dijese que no íbamos a tener un Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) y finalmente se nos impuso en pleno puerto", ha afirmado. Por lo tanto, exige garantías de que la renuncia sea definitiva.

Desde que se conocieron las visitas a instalaciones militares de Cartagena con el objetivo de implantar un CETI, Arroyo ha expresado su oposición tanto al delegado del Gobierno como al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La alcaldesa espera recibir una respuesta por escrito que confirme la renuncia definitiva del Gobierno.

Arroyo ha dejado claro que su rechazo a la concentración de recursos incluye también rechazar la idea de levantar campamentos en Cartagena para acoger a migrantes llegados desde otros puntos de España. En su opinión, el Gobierno no es capaz de gestionar adecuadamente ni a los que llegan directamente a Cartagena, por lo que no deberían llevar a cabo esta propuesta.

La alcaldesa ha recordado que su postura cuenta con el respaldo de la mayoría de la Corporación municipal, que aprobó varias iniciativas en el último Pleno ordinario. Además, se han sumado a este rechazo organizaciones como la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), la Cámara de Comercio y la Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y Comarca (FAVCAC).

Según Arroyo, todas estas entidades son conscientes de la responsabilidad de ser solidarios, pero también comparten la necesidad de que los recursos se distribuyan de manera equitativa y se instalen en zonas donde no hay tanta presión migratoria, para garantizar los servicios sin crear nuevos problemas.

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