La reciente sesión plenaria de la Asamblea Regional ha resultado en el rechazo de la modificación de la Ley de Simplificación Administrativa. Durante el acalorado debate, el PSOE criticó al Gobierno regional, acusándolo de intentar “privatizar los servicios públicos”, mientras que el PP se opuso a la propuesta debido a su supuesto acuerdo con Vox. Por su parte, el partido liderado por Abascal denunció la existencia de un “caos normativo” dentro de la Comunidad.

El proyecto de ley, que buscaba reemplazar el decreto-ley que fue convalidado en julio, fue desestimado con los votos en contra del Partido Popular y el Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), el apoyo de Vox, y la abstención del PSOE. Con esto, se mantiene en vigor el decreto-ley que el Ejecutivo aprobó en junio, el cual continuará sirviendo como el marco regulador para la simplificación administrativa.

La propuesta llegó al Pleno tras haber pasado por la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, donde se rechazaron 14 enmiendas planteadas por la oposición.

El texto, que contaba con el respaldo de la patronal Croem, tenía como objetivo reducir la burocracia y agilizar la actividad económica, pero generó divisiones entre los grupos parlamentarios.

Virginia Martínez, diputada de Vox, defendió el dictamen, señalando que “eliminación de las barreras burocráticas es fundamental para fomentar la riqueza y la libertad económica”. No obstante, advirtió que “se intentó introducir de manera encubierta la destrucción del sector primario”. En su intervención, manifestó que “la comunidad ya ha visto nacer siete leyes de simplificación, pero ninguna ha sido implementada adecuadamente, evidenciando un real caos legislativo”.

Desde el Grupo Mixto, María Marín (Podemos-IU-AV) argumentó en contra del texto, calificándolo como la “ley de la CROEM: diseñada por y para los empresarios”.

Marín criticó que “el documento ha sido elaborado a instancias de la patronal, sin los informes legales necesarios ni la participación adecuada de la ciudadanía”, y subrayó que “los intereses de los grandes lobbies económicos están siendo priorizados sobre los de los municipios y sus habitantes”.

En el bando del PSOE, Alfonso Martínez Baños justificó la abstención de su grupo al subrayar que “no se puede poner por delante la economía a la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural”. Además, argumentó que el decreto “infringe la autonomía municipal y representa un avance hacia la privatización de los servicios públicos”, añadiendo que “esta norma ha fallado en garantizar la seguridad jurídica y carece de diálogo y consenso”.

Finalmente, María Casajús, del PP, defendió el texto original presentado por el Gobierno regional en junio, asegurando que “su propósito era eliminar la maraña burocrática que obstaculiza la actividad económica y proporcionar seguridad jurídica sin sacrificar las garantías”.

La diputada reprochó que “el texto que se discutió en el Pleno no era el del Ejecutivo, sino una versión alterada y distorsionada como resultado del pacto entre Vox y el PSOE”, y acusó a ambas formaciones de “bloquear el cambio y perpetuar la burocracia”.