El 12 de junio, la Región de Murcia ha hecho una importante petición al Ministerio de Educación en busca de un plan nacional que facilite la modernización de sus infraestructuras educativas, centrado en la eficiencia energética y la climatización. Esta solicitud se realizó durante la Conferencia de Educación en Madrid, donde Víctor Marín, el consejero de Educación y Formación Profesional de la región, expuso la problemática.

Marín enfatizó la urgencia de que el Ministerio asigne recursos financieros a las comunidades autónomas para actualizar sus instalaciones educativas, dado que un gran número de centros en la Región de Murcia tienen más de medio siglo de antigüedad. Además, criticó la insuficiencia presupuestaria impuesta por el Gobierno español, que impide llevar a cabo las necesarias rehabilitaciones.

El consejero detalló que actualmente existen únicamente dos fuentes de financiación para estas mejoras: los fondos europeos y los propios recursos del Gobierno regional. Sin embargo, hizo hincapié en que no hay ninguna aportación proveniente del Ejecutivo central, lo que limita aún más las posibilidades de desarrollo en esta área.

Marín también mencionó que, de los casi 80.000 millones de euros no reembolsables que la Unión Europea ha destinado a España, el Gobierno central solo ha ejecutado 32.000 millones. En este contexto, pidió una redistribución de estos fondos para implementar un plan nacional que permita a las comunidades autónomas realizar las obras necesarias en los centros educativos y así mitigar los efectos del alto calor.

En otro punto de su intervención, el consejero solicitó que se garantice financiación para las plazas de Educación Infantil de primer ciclo (0-3 años), adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad. Subrayó que la Región de Murcia se destaca por su esfuerzo en aumentar las plazas gratuitas en este nivel, pasando de 600 en el curso 2022-2023 a más de 8.700 en el próximo, lo que representa un incremento notable.

Finalmente, durante la reunión, se abordó la implementación de la ley de Formación Profesional, y el consejero pidió garantías al Ministerio para asegurar la continuidad del sistema de formación dual. Recordó que la bonificación para el alta obligatoria del alumnado en prácticas en la Seguridad Social está vigente hasta 2028, y su posible eliminación pondría en riesgo este modelo educativo.