Un total de 32 mujeres que habían sido víctimas de explotación sexual y cinco personas sometidas a trabajo forzado han sido liberadas gracias a una operación llevada a cabo en Murcia.

Este operativo, ejecutado por la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera, contó con el respaldo del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena. La investigación ha logrado desmantelar una organización delictiva que se dedicaba a la explotación de mujeres extranjeras en situaciones irregulares en diversos locales de la región.

El trabajo de las autoridades comenzó a inicios del año pasado, momento en el que se empezó a reunir evidencia sobre esta agrupación criminal que operaba en Murcia. Las mujeres eran forzadas a trabajar en clubes nocturnos, donde estaban sometidas a un control extremo y condiciones abusivas.

Hasta ahora, se han realizado cinco registros, incluyendo uno en la vivienda de dos de los sospechosos, y otros en locales abiertos al público. Esta acción ha permitido rescatar a 32 mujeres, así como a cinco individuos que también estaban siendo explotados laboralmente, según un comunicado de la Policía Nacional.

Las víctimas enfrentaban intimidaciones graves, incluso con armas de fuego, y se veían obligadas a cumplir con estrictas reglas que les restringían la libertad. Tenían que estar disponibles todos los días de la semana, soportar vigilancia constante, y se les forzaba a vender alcohol y drogas a los clientes. Además, debían asumir los gastos de limpieza, electricidad y otros costos, bajo la amenaza de multas si no cumplían con las normativas impuestas.

Durante los registros realizados, las fuerzas del orden lograron confiscar 785.000 euros en efectivo, más de un kilogramo de cocaína, marihuana, armamento, diez vehículos de lujo, así como una considerable cantidad de joyas y relojes de alto valor. Como resultado de este operativo, se determinó la clausura inmediata de un hotel, un club nocturno y una cafetería relacionados con actividades ilícitas.

El Juzgado de Instrucción de Cartagena no solo ha clausurado estos establecimientos, sino que también ha tomado medidas patrimoniales para garantizar que los responsables de los delitos enfrentan las consecuencias económicas pertinentes. Esto incluye prohibiciones para que algunos investigados vendan o dispongan de sus propiedades y la congelación de cuentas bancarias vinculadas.

Como resultado de estas acciones, se han detenido a 14 personas, quienes enfrentan cargos por diversos delitos, entre los que se encuentran organización criminal, explotación sexual y trabajo forzado, además de otros relacionados con la tenencia de armas y blanqueo de capitales.

Un juez ha decidido que cuatro de los cinco investigados sean ingresados en prisión provisional, mientras que otros tres han quedado en libertad condicional, con restricciones sobre su movimiento y con la obligación de presentarse ante el tribunal. Las víctimas de explotación han recibido atención de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).