
Un grupo de ocho individuos ha sido arrestado en una operación que desmanteló una red de fraudes relacionados con criptomonedas, estimándose que el valor del engaño asciende a alrededor de 400 bitcoins, equivalentes a unos 30 millones de euros en el mercado actual. Este suceso tuvo lugar en diversas localizaciones, incluyendo Málaga, Murcia y Madrid.
La investigación, liderada por los agentes de la Policía Nacional, reveló que la organización operaba mediante una plataforma engañosa que prometía inversiones altamente rentables a cambio del arrendamiento de bitcoins por un plazo de 12 meses. Sin embargo, detrás de la fachada de legalidad se ocultaba una estafa piramidal, en la que los beneficios ofrecidos a los primeros inversores se sufragaban con el dinero de aquellos que invertían posteriormente.
La alerta sobre esta trama se activó en 2022, cuando una de las víctimas denunció la estafa en Murcia. Las indagaciones iniciales llevaron a descubrir una red criminal bien estructurada que estaba cometiendo un fraude bajo la apariencia de un proyecto de inversión legítimo. Tras meses de operaciones, los estafadores bloquearon la opción de retirada de los fondos, dejando a miles de perjudicados sin la posibilidad de recuperar sus bitcoins.
Los operativos resultaron en la detención de ocho personas y la realización de registros en dos domicilios, uno de ellos en Málaga y el otro en Murcia. Durante estas acciones, se incautaron 73 cuentas bancarias, así como 12 vehículos, 5 motocicletas, un teléfono móvil, diverso material informático y una suma en efectivo de 1.500 euros.
Este proyecto fraudulento involucró a un total de 3.646 usuarios de 36 países, de los cuales 2.718 residían en España. Las inversiones perdidas suman cientos de bitcoins, con el fraude estimado en 400 BTC, lo que podría ascender a una cantidad cercana a los 37,2 millones de euros dado su valor actual.
En 2024, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizó múltiples operaciones contra el fraude financiero y el lavado de capitales mediante el uso de criptomonedas. Estas acciones resultaron en la detención de cerca de 90 individuos y la recuperación de bienes valorados en 30 millones de euros, además de incautar criptomonedas por un valor de más de 3 millones de euros.
Una de las investigaciones más relevantes, conocida como operación Micrón, destaca por ser el tipo de fraude que más víctimas ha afectado en el ámbito de las inversiones en criptomonedas. En este esquema, los estafadores utilizan redes sociales para promocionar plataformas de inversión que emplean imágenes de celebridades sin autorización y prometen ganancias extraordinarias.
Las víctimas, al registrarse en los sitios web falsos, a menudo realizan depósitos iniciales que rápidamente parecen generar altos beneficios. Sin embargo, tras ser contactadas por los estafadores, se les persuade a realizar inversiones mayores. Muchas de estas personas, con poco conocimiento sobre el tema, son llevadas a crear cuentas en Exchanges, siempre bajo el control remoto de los estafadores, quienes acceden a sus datos bancarios para llevar a cabo operaciones ficticias.
Cuando los afectados finalmente se percatan del engaño y tratan de solicitar ayuda a sus Exchanges o presentan denuncias, descubren que los "beneficios" que recibieron eran en realidad los fondos robados de otras víctimas. Los estafadores han utilizado imitaciones de documentos para abrir cuentas en Exchanges y bancos, haciéndose pasar por los propios afectados, lo que complica aún más la situación.
Las autoridades aconsejan siempre verificar la legitimidad de las entidades de inversión a través de páginas oficiales o contactando directamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También es fundamental desconfiar de las plataformas que presentan un diseño muy elaborado o que ostentan logos institucionales, pues estas son señas claras de un potencial fraude.
Los inversores deben asegurarse de comprender las condiciones del servicio y verificar la existencia realmente de una sede física. Es importante recordar que los intermediarios financieros regulados deben evaluar la experiencia del inversor y su situación financiera antes de ofrecer productos de inversión.
Finalmente, los especialistas advierten que las promesas de altas rentabilidades sin riesgo deben ser vistas con recelo, y los inversores no deben caer en la trampa de inversiones urgentes ni en esquemas que requieren captar nuevos clientes para su éxito. Si surgen problemas en la recuperación de inversiones, no se debe continuar realizando aportaciones ni confiar en bufetes que prometen recuperar fondos a cambio de un pago inicial.
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