Recientemente, se ha abierto una investigación en Moratalla, Murcia, en relación con un grave caso de maltrato animal que involucra al propietario de un burro. El individuo es acusado de atar al animal a un remolque y arrastrarlo por la carretera durante un trayecto de aproximadamente medio kilómetro, lo que provocó serias lesiones al équido.

Este caso salió a la luz gracias a la alerta de varios ciudadanos que observaron la cruel escena. Alertados por la comunidad, los agentes de la Guardia Civil, bajo la operación 'Fricci', se pusieron en marcha para esclarecer los hechos y localizar al responsable de este acto de barbarie contra un ser vivo.

Los primeros reportes indicaron que el burro había sido arrastrado, lo que resultó en múltiples heridas y un estado crítico. La investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) fue fundamental para recabar información y evidencias sobre el maltrato del animal.

Los testimonios de los vecinos revelaron que el burro, después de ser arrastrado, fue dejado atado a un árbol cercano a una vivienda. Durante toda la noche, su rebuzno angustiador alarmó a los habitantes de la zona, quienes continuaron alertando a las autoridades.

A pesar de las dificultades para encontrar al animal en un primer momento, los agentes no se dieron por vencidos y lograron rastrear la sangre en la carretera, indicando un dramatizado arrastre. Esto llevó a los investigadores a la ubicación del burro, donde se evidenció su delicado estado de salud, con heridas brutales en su costado, patas y un ojo.

Frente a la gravedad de la situación, los agentes se encargaron de que el burro recibiera atención veterinaria inmediata, contactando profesionales compasivos que pudieran ofrecer la ayuda necesaria para su recuperación.

Finalmente, la Guardia Civil concluyó su investigación con la identificación y citación del propietario del burro, quien ahora enfrenta cargos por maltrato animal. Este tipo de delitos están tipificados en el artículo 340 del Código Penal, que prevé sanciones severas, incluyendo penas de prisión de hasta 18 meses, multas significativas y la inhabilitación para el tratamiento de animales en el futuro.