La región de Murcia se enfrenta a un caso alarmante de tráfico de medicamentos, revelado por la reciente intervención de la Guardia Civil. En un movimiento decisivo, las autoridades han puesto bajo investigación a un grupo de 22 individuos presuntamente involucrados en una red criminal dedicada a la distribución ilegal de productos farmacéuticos controlados en el área del Mar Menor.

Esta compleja investigación, denominada 'Prazo', comenzó en noviembre del año pasado tras una denuncia presentada por la Inspección de Farmacia de la Comunidad, que alertó sobre prácticas sospechosas relacionadas con la sobreprescripción de analgésicos y medicamentos psiquiátricos de reconocidas marcas comerciales.

Los especialistas en Policía Judicial detectaron un aumento significativo en la venta de estos productos en farmacias de la comarca, lo que motivó una indagación más profunda. Las averiguaciones llevaron a investigaciones en un consultorio médico local, donde se presuntamente expedían recetas de medicamentos frecuentemente utilizados para tratar trastornos psiquiátricos, que requieren una identificación oficial para su obtención.

Un hallazgo notable de la investigación fue que al menos dos de los pacientes involucrados en este esquema de tráfico se encontraban cumpliendo condenas en prisión, lo que dificultaba su presencia en las farmacias para adquirir los medicamentos, los cuales les eran suministrados a través de canales específicos del sistema penitenciario.

Los datos preliminares indicaron que, en un periodo de seis meses, se habían prescrito más de 1.500 envases de psicofármacos, muchos de ellos con contenido en benzodiacepinas. Resulta preocupante que se haya descubierto que un solo médico prescribía hasta diez envases de estos medicamentos al mes a algunos pacientes, a pesar de que sus necesidades reales eran solo de tres envases.

El desarrollo de la operación 'Prazo' ha desembocado en la desarticulación de este cuestionable grupo criminal, con los 22 investigados enfrentando acusaciones de delitos que van desde la infracción a la salud pública hasta la falsedad documental y la constitución de una organización delictiva. Las autoridades continúan trabajando arduamente para erradicar este tipo de prácticas que ponen en riesgo la salud de la población.