Murcia, 16 de octubre. El Consejo de Gobierno regional ha tomado la decisión de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, motivado por la reciente aprobación del Real Decreto 743/2025, que establece la capacidad de tutela del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas.

Según el mencionado decreto, el Gobierno de España ha designado a la Región de Murcia una capacidad ordinaria para la tutela de 517 menores, cifra que la administración murciana considera significativamente inferior a la capacidad real disponible para atender a estos jóvenes.

El Ejecutivo regional ha denunciado que esta normativa nacional no solo invade competencias exclusivas de la Comunidad en cuestiones de protección infantil, sino que también crea un mecanismo de distribución que ignora las realidades específicas de la Región. Además, ha señalado que el sistema actual de acogida no se ha tomado en consideración.

Asimismo, el Gobierno de Murcia ha resaltado que el decreto no proporciona la financiación necesaria para cubrir los gastos asociados a este reparto, lo que complicará aún más la gestión en la región.

Este movimiento se produce tras la decisión del Consejo de Gobierno del 2 de octubre, que ya había interpuesto un recurso contra el Real Decreto 658/2025, el cual regula la distribución de menores migrantes. Esta acción se adelantó a que el Tribunal Constitucional admitiera el recurso previamente presentado por la administración autonómica en contra del Real Decreto Ley 2/2025, que revisó el marco legal para la redistribución de menores durante situaciones migratorias excepcionales.

El nuevo recurso también critica el hecho de que las decisiones respecto a la reubicación de menores se hayan tomado sin la colaboración de las comunidades autónomas, haciendo que el proceso carezca del consenso necesario en el organismo de cooperación adecuado, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Desde el Gobierno regional se considera que los estándares establecidos por el Gobierno central en lo que respecta a la capacidad de acogida no reflejan las circunstancias particulares de la autonomía, y que esta situación contraviene el interés superior de los menores. Se teme que los traslados se realicen sin garantías de que el lugar de destino cuente con las condiciones necesarias para su atención.

Marcos Ortuño, portavoz del Gobierno murciano, ha reafirmado el compromiso de la Comunidad Autónoma con la implementación de un nuevo modelo de acogimiento que promueve entornos más familiares para los menores bajo tutela. Estas declaraciones se produjeron en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde también se abordó el cierre del centro de menores de Santa Cruz en la región.

Ortuño ha indicado que este modelo ha sido respaldado por organismos tanto nacionales como internacionales, y ha sido recientemente validado por el Ministerio de Infancia y Juventud, que está trabajando en un decreto relacionado. Aseguró que la protección y los derechos de los menores serán siempre una prioridad.

Finalmente, el portavoz enfatizó que los menores que están bajo la tutela de la Consejería de Política Social seguirán recibiendo la misma protección y atención que hasta ahora, con el más alto estándar de calidad y garantías, lo que considera esencial para su bienestar.