Con un amplio respaldo, el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión que marca un hito en la protección de ecosistemas en el país, al ratificar la ley que otorga personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor. La resolución, adoptada por la mayoría de siete a cinco, ha sido noticia de gran relevancia en el ámbito legal y político, siendo publicada por diversas agencias de noticias como Europa Press.

La polémica surge del recurso presentado por el partido Vox, que lidera Santiago Abascal. Este grupo político impugnó la Ley 19/2022, que fue aprobada el 30 de septiembre, argumentando que podría atentar contra las competencias de las comunidades autónomas, especialmente en lo que respecta a la protección del medio ambiente. La postura de Vox pone de relieve los conflictos entre la legislación estatal y las normativas regionales en temas medioambientales.

En enero, durante una conferencia, José Ángel Antelo, dirigente de Vox en la Región de Murcia, calificó la ley como "comunista" y cuestionó su impacto en la libertad empresarial. Hizo hincapié en que la normativa, en su opinión, perjudica gravemente al sector agroalimentario local, al que consideraba fundamental para la economía regional, y lo acusó de poner en riesgo los empleos de aquellos que dependen de esta industria.

Antelo fue aún más allá al describir la ley como una "aberración jurídica", manifestando su preocupación sobre la posible erosión de la propiedad privada en las áreas circundantes a la laguna. Según él, la creación de un "ente paralelo" resultaría en una burocracia que establecería condiciones restrictivas sobre los derechos de uso y desarrollo en la zona, lo que podría limitar las actividades económicas y agrícolas que se han llevado a cabo tradicionalmente allí.

La ley, que emana de una iniciativa popular, busca reconocer a la laguna del Mar Menor como un sujeto de derechos, lo que implica la creación de una carta de derechos propios marcada por la importancia ecológica y la responsabilidad hacia las generaciones futuras. Este enfoque jurídico pretende garantizar la protección del ecosistema de manera efectiva, a diferencia de lo que consideran "insuficiente" los mecanismos existentes durante los últimos veinticinco años.

El preámbulo de la ley destaca que la crisis socio-ambiental que afecta tanto a la laguna como a los municipios aledaños ha sido el motor detrás de su aprobación. Con esta legislación, sus defensores esperan no solo proteger el entorno natural, sino también brindar un marco legal que asegure un futuro sostenible para las comunidades que dependen de este recurso invaluable.