En un contundente pronunciamiento, Mariola Guevara, delegada del Gobierno en la Región de Murcia, ha expresado su descontento ante la reciente decisión del Congreso de los Diputados de rechazar el controvertido decreto ley conocido como 'ómnibus'. Según Guevara, esta negativa acarreará graves consecuencias económicas para la comunidad, que dejará de recibir 287 millones de euros destinados a mejorar servicios fundamentales como la sanidad, la educación y la atención a dependientes.

El rechazo al decreto, que tuvo lugar el pasado miércoles, se materializó gracias a los votos en contra de partidos como el PP, Vox y Junts, mientras que UPN optó por la abstención. Este bloque opositor ha puesto en tela de juicio medidas que, de acuerdo a la delegada Guevara, son esenciales para el bienestar de los ciudadanos murcianos y que buscan fortalecer el llamado "escudo social".

Entre los efectos más visibles de este veto, Guevara subrayó la revalorización de las pensiones, que implicaría una notable pérdida de poder adquisitivo para los jubilados de la región, estimada en 466 euros para el año 2025, afectando a más de 240.000 beneficiarios. Adicionalmente, alertó que quienes perciben el Ingreso Mínimo Vital en Murcia verán reducidas sus ayudas en 451 euros en el mismo año.

Asimismo, la delegada del Gobierno destacó que los usuarios del transporte público en la región también sufrirán las consecuencias de esta decisión, ya que se eliminarán los 3,7 millones de euros destinados a bonificaciones en el transporte, así como las asignaciones por más de 681 millones de euros que estaban destinadas a fomentar la gratuidad y los descuentos en Renfe y autobuses estatales, así como a mejorar la calidad del transporte público en la Península.

Guevara no escatimó en críticas hacia el Partido Popular, al señalar que su voto adverso ha perjudicado a los murcianos al negarles financiamiento indispensable para la revalorización de pensiones y bombear recursos a la infraestructura de transporte. "Es lamentable que este veto impida que la comunidad reciba el dinero que tanto necesita para servicios esenciales", afirmó, reclamando una responsabilidad política más ardua por parte de sus representantes.

La delegada del Gobierno enfatizó que estas decisiones deberían ser tomadas con miras al bienestar de los ciudadanos. “No entendemos cómo los parlamentarios pueden apoyar medidas que perjudican a la población; no fueron elegidos para recortar las pensiones ni eliminar ayudas al transporte público", sentenció con firmeza.

En sus declaraciones, Guevara se mostró convencida de que "ningún diputado, independientemente de su partido, fue elegido para dañar a los jubilados o suprimir beneficios sociales". Finalizó su intervención con una contundente denuncia: "No se puede jugar con estas cosas ni utilizarlas como arma política; es una total irresponsabilidad”, concluyó, dejando claro su malestar y su llamamiento a una política más centrada en las verdaderas necesidades ciudadanas.