Gobierno de López Miras desvía fondos de cultura y patrimonio para renovar despachos en escándalo de 320.000 euros
El Gobierno de López Miras ha recortado 320.000 euros destinados a la cultura y el patrimonio en la Región de Murcia, según denuncia la diputada regional Lola Jara. Estos fondos se utilizarán en cambio para la adecuación de despachos y la instalación de equipos de climatización. Jara acusa al presidente López Miras de mostrar un absoluto desprecio hacia la cultura y el patrimonio regional.
Jara explica que en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 2 de noviembre se tomó la decisión de quitar el presupuesto destinado a proyectos de rehabilitación de conjuntos monumentales, restauración de Bienes de Interés Cultural y la intervención en yacimientos arqueológicos importantes.
La diputada lamenta que se hayan destinado estos 320.000 euros que iban a ser utilizados en la rehabilitación del Palacio Aguirre en Cartagena, así como en los conjuntos monumentales de San Juan de Dios en Murcia y Santo Domingo en Lorca, para la instalación de equipos de climatización y la construcción de despachos. Considera esta acción ofensiva y una muestra clara del descontrol político del Gobierno de López Miras.
Jara también critica que el Gobierno regional esté reasignando fondos de asuntos relevantes como los seguros agrarios y el patrimonio cultural para destinarlos a poner aire acondicionado en despachos y pagar su mala gestión. Califica esta acción de indignante.
Además, destaca que el PP de López Miras muestra un desprecio evidente hacia el valor del Patrimonio Cultural, a pesar de ser una expresión de identidad de la región y un recurso turístico importante para el desarrollo económico.
La diputada señala que el Gobierno regional está demostrando una gestión lamentable e ineficiente en el Patrimonio Cultural, descuidando y desprotegiendo este aspecto vergonzosamente.
Por otro lado, Jara critica el escaso interés del PP de López Miras en la cultura, citando el bajo desarrollo y protección de bienes culturales, la falta de recursos humanos y materiales, la ausencia de colaboración interadministrativa y la carencia de una normativa actualizada para la protección del patrimonio.
Finalmente, destaca que el presupuesto destinado a la materia ha disminuido un 47% en los últimos cinco años, pasando de 12 millones de euros en 2019 a 5,7 millones de euros en 2023, lo cual considera otra clara muestra de desinterés hacia el patrimonio.
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