El Gobierno de la Región de Murcia ha manifestado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional un acuerdo recientemente negociado entre el Ejecutivo español y Junts per Catalunya, el cual busca reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para facilitar la redistribución de menores migrantes. Esta medida afecta especialmente a zonas que actualmente enfrentan una elevada presión migratoria, caso de las Islas Canarias.

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, expuso esta postura en una conferencia de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde se analizó la última acción del Gobierno español en materia de inmigración. Ortuño criticó con vehemencia la estrategia que ha seguido el presidente Pedro Sánchez, señalando la falta de una política coherente para abordar la crisis migratoria que enfrenta el país.

En su intervención, Ortuño calificó de “insultante” la decisión del Gobierno de convocar la Conferencia Sectorial de Inmigración y, al día siguiente, formalizar un acuerdo con el líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre el manejo de menores migrantes no acompañados. Según él, esta acción refleja una tendencia a favorecer los intereses de los independentistas, algo que considera inaceptable.

Ortuño no escatimó palabras a la hora de describir el acuerdo como “injusto, sectario e indigno,” y señaló que el Gobierno de la Región de Murcia no se quedará pasivo ante lo que considera una nueva concesión de Pedro Sánchez a Puigdemont. De esta manera, anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, aduciendo que los arreglos bilaterales entre el Gobierno central y las formaciones independentistas afectan a todos los ciudadanos de manera negativa.

El portavoz regional también expresó su descontento con acuerdos que ignoran la participación de la Región de Murcia, enfatizando que están cansados de políticas impuestas desde Madrid que no tienen en cuenta la realidad local. Ortuño argumentó que, para el Gobierno de Sánchez, los menores migrantes se han convertido en un elemento de negociación, comparándolos con "mercancía" en sus discusiones políticas.

A pesar de la presión a la que se enfrenta su comunidad por la llegada de inmigrantes, Ortuño subrayó la falta de recursos suficientes, indicando que durante 2024, más de 500 menores fueron acogidos sin la financiación adecuada del Gobierno de España, lo que supone un costo de entre 16 y 17 millones de euros, prácticamente cubierto por la administración regional.

El portavoz insistió en la necesidad de que el Gobierno central trate el tema migratorio como una cuestión de Estado, involucrando a la Unión Europea y garantizando la financiación necesaria. En este sentido, reiteró que la Región de Murcia no está en condiciones de acoger a más menores sin la colaboración económica del Gobierno español, afirmando que los recursos están al límite.

Además, sobre el posible número de menores que podrían ser asignados a la Región con la reforma de la Ley de Extranjería, Ortuño lamentó la falta de información oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, indicando que todo lo que conoce lo ha escuchado a través de los medios de comunicación. Consideró sorprendente que un partido como Junts, sin representación gubernamental, influya en la política migratoria nacional, y criticó la postura del Gobierno ante una situación que él califica de “inaudita.”

Sobre la capacidad de acogida de la Región, Ortuño precisó que a lo largo de 2024 han recibido 534 menores, pero recordó la situación crítica en el campamento de Cartagena, que alberga a más de 1,000 inmigrantes de Canarias, muchos de los cuales son considerados menores. Por ello, enfatizó que las cifras son dinámicas y la capacidad de acogida aún más incierta.