El portavoz del Gobierno regional de Murcia, Marcos Ortuño, ha señalado que las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad siguen en marcha, apuntando que su intención es lograr su ratificación “cuanto antes”. Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión política tras el reciente rechazo del decreto ley 'ómnibus' en el Congreso de los Diputados.

En una contundente rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño calificó el mencionado decreto como una “trampa” y un “trágala inadmisible”, sugiriendo que la situación actual es un claro reflejo de una “legislatura fallida”. En su opinión, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, lleva a cabo una política de “chantaje” en su gestión.

El portavoz del Ejecutivo murciano no se contuvo al criticar al presidente Sánchez, afirmando que se ha transformado en un “chantajista profesional” que ha orquestado la crisis actual. “Estamos viendo cómo un coro de ministros, en complicidad con los independentistas, anteponen sus intereses a los de los ciudadanos”, insistió Ortuño, quien dejó entrever su frustración por la conducción del Gobierno central.

Ortuño expuso que las decisiones del Gobierno nacional imponen condiciones inaceptables a las comunidades autónomas. “Si se quiere garantizar un aumento adecuado a las pensiones de nuestros jubilados, nos exigen, entre otras cosas, aceptar concesiones al PNV. Y si esperamos que la Región de Murcia reciba lo justo por sus entregas a cuenta, entonces debemos ceder en las políticas de antiokupación”, enfatizó.

El portavoz del Gobierno murciano hizo un llamado urgente para poner fin a estas dinámicas de presión. A su entender, el decreto en cuestión era una “trampa” y un “trágala inadmisible”. Según su análisis, la falta de apoyo de los socios de investidura de Sánchez evidencia el aislamiento y el fallo de un gobierno que no está funcionando como debería.

Ortuño continuó su crítica al señalar que el actual Ejecutivo español carece de dirección y que la ciudadanía es quien finalmente sufre las consecuencias de este desgobierno. Subrayó la responsabilidad que recae sobre el Gobierno de España para encontrar soluciones a los problemas que ha generado, instando a que actúe de inmediato para reconstruir la confianza y la eficacia.

Se refirió a la urgencia de aprobar un decreto ley que permita actualizar las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, así como medidas para incrementar las pensiones y bonificar el transporte. “Es el deber del Gobierno central presentar soluciones efectivas y dejar de instrumentalizar las necesidades de los ciudadanos para su beneficio político”, afirmó con vehemencia.

De hecho, Ortuño no dudó en afirmar que los eventos recientes en el Congreso subrayan la evidencia de que estamos ante una “legislatura fallida”, en la que el afán de Sánchez por mantener su posición en la Moncloa parece estar por encima de las necesidades de la población. Este tono crítico se ha intensificado en las últimas semanas, reforzando la imagen de un gobierno atrapado en sus propios dilemas internos.

Con respecto a la reciente suspensión de ayudas al transporte público, Ortuño recordó que el presidente regional, Fernando López Miras, ya se había comprometido a poder bajar el coste del bono de transporte en un 20%. Sin embargo, destacó que la solución real depende del Gobierno central y su disposición para negociar y restablecer los apoyos necesarios para enfrentar esta crisis.

En este marco, Ortuño también abordó la preocupante situación de las entregas a cuenta, que podrían traducirse en pérdidas apreciables para la Comunidad. Resaltó que la suma podría incluso superar los 650 millones de euros, lo que implica un serio obstáculo en la elaboración de los futuros Presupuestos de la Región.

El portavoz del Gobierno murciano dejó claro que el impacto económico de esta situación es significativo y que, en última instancia, es el Gobierno de España quien debe asumir la responsabilidad de revertir el problema. Aludió a la posibilidad de que hoy mismo se pudiera convocar un decreto para incrementar pensiones y actualizar entregas, señalando que la urgencia es inminente.

Finalmente, Ortuño expresó su preocupación por la falta de actualizaciones sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se había anunciado para enero. A tan solo días del fin del mes, el portavoz subrayó que no se tenían noticias sobre los objetivos de déficit, lo cual complica la planificación seria y eficaz que el Gobierno murciano pretende implementar.

Con respecto a las próximas negociaciones sobre los Presupuestos de la Comunidad para 2025, Ortuño reiteró el firme deseo del Ejecutivo regional de conseguir la aprobación de las cuentas lo más pronto posible. Se refirió a los contactos permanentes que mantienen con todos los grupos parlamentarios, y una vez más lamentó la falta de respuesta del Gobierno central en cuanto a los objetivos de déficit, lo que entorpece el proceso legislativo.

Al concluir, Ortuño aseguró que la falta de acción y decisión por parte del Ejecutivo central dificulta el trabajo que quiere realizar el Gobierno regional, enfocado en la seriedad y rigor que caracteriza su gestión. Anunció que la voluntad de trabajo y consenso está presente, pero requiere un entorno de colaboración real desde la administración central.