Este jueves está programado que se presente ante la autoridad judicial un individuo, tras la finalización de las diligencias por parte de los agentes encargados del caso.

La responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, en su función de guardia, ha iniciado un procedimiento judicial por homicidio contra un hombre que fue detenido el pasado martes, en relación con la muerte de su pareja. Esta información ha sido confirmada por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) a través de un comunicado oficial.

Es importante señalar que el hombre, de 47 años y de nacionalidad española, se entregó de manera voluntaria en la comisaría, donde confesó haber cometido el crimen contra su pareja.

A raíz de su confesión, los funcionarios de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, junto con agentes de Seguridad Ciudadana, se trasladaron al domicilio del sospechoso. Allí hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, de 50 años y nacionalidad colombiana.

Después de realizar las primeras diligencias pertinentes, el caso fue remitido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Cartagena, que a su vez ha iniciado un procedimiento basado en la normativa de jurado. Se espera que el detenido sea llevado ante el juez este jueves, una vez que los agentes finalicen su trabajo investigativo.

Es relevante mencionar que el individuo había sido condenado el pasado 11 de abril por un delito de amenazas en el contexto familiar. En esa ocasión, el hombre reconoció haber amenazado a su pareja después de una discusión, manifestándole: "te mando a mi hermana y te pega un palizón".

La justicia le impuso una pena conforme a las solicitudes de las acusaciones, la cual fue reducida en un tercio debido a la confesión del acusado. Esta pena consistió en 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, junto con una privación del derecho a poseer y portar armas por un año, cuatro meses y dos días. Además, se le impusieron penas accesorias que incluyen la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, así como la restricción de comunicación con ella, tanto de manera directa como indirecta, durante un periodo de ocho meses.