En una reciente sesión, la Asamblea Regional ha dado luz verde a una moción presentada por el Partido Popular (PP) que insta al Gobierno de España a hacerse cargo de los gastos extraordinarios provocados por la llegada de la dana 'Alice', con un enfoque especial en la comarca del Mar Menor.

El portavoz del PP, Carlos Albaladejo, argumentó que los municipios han tenido que asumir costos significativos debido a la escasez de agua potable, incluyendo la compra de cisternas y la necesidad de reforzar servicios esenciales. Criticó la postura del Gobierno central, al que acusó de haber "desentendido" de la situación, enfatizando que su actitud puede resumirse en la frase "al enemigo, ni agua".

Por su parte, el PSOE se opuso a la moción, argumentando que el Estado ya activó el Decreto 307/2025 y que el Consejo de Ministros había declarado la zona como "gravemente afectada por una emergencia de protección civil", lo que permitiría la movilización de nuevas ayudas de varios ministerios.

Desde el PSOE se hizo hincapié en que varios ayuntamientos, independientemente de su color político, han implementado oficinas para gestionar las subvenciones estatales, criticando al Gobierno regional por no ofrecer ninguna ayuda a nivel autonómico.

Vox se unió a la moción del PP, subrayando la responsabilidad de la Mancomunidad de Canales del Taibilla en los problemas de suministro de agua. En contraste, el Grupo Mixto consideró que la moción “llegaba tarde”, dado que los mecanismos del Estado ya estaban plenamente operativos.

El Pleno también trató una moción del PSOE sobre la vivienda cooperativa en cesión de uso, que fue rechazada. La votación contó con el apoyo de los socialistas, la oposición del PP y Vox, y la abstención del Grupo Mixto.

Miguel Ángel Ortega defendió la vivienda cooperativa como un método para proporcionar acceso a viviendas asequibles, argumentando que ayuda a enfrentar problemas como la soledad no deseada y se adapta a nuevas estructuras familiares mediante la combinación de espacios privados y comunes.

Vox, a través de Antonio Martínez, criticó este modelo, al que describió como una variante "eco-socialista" de la Agenda 2030. Martínez alertó sobre los riesgos de sustituir la propiedad privada por un mero "derecho de uso", advirtiendo que permitiría a ONGs, bancos y administraciones apropiarse de viviendas de jubilados.

El diputado del PP, Antonio Landáburu, calificó la moción como una "importación de Madrid", acusando al PSOE de intentar desviar la atención tras el colapso de su decreto de vivienda asequible, que prometía generar 35,000 viviendas en cinco años.

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, se abstuvo, manifestando su apoyo al cooperativismo en cesión de uso, pero subrayando la necesidad de establecer límites a la especulación y a la acumulación de propiedades por grandes propietarios.

Además, se rechazó una moción de Vox que solicitaba la eliminación de la figura del arraigo, vinculando la inmigración irregular con la delincuencia y reclamando un endurecimiento de la Ley de Extranjería. La diputada Virginia Martínez criticó tanto al PSOE como al PP por priorizar ayudas a inmigrantes en situación irregular en detrimento de los españoles.

El PP, representado por Joaquín Segado, descalificó los argumentos presentados por Vox como "falsos", y defendió el arraigo como una vía de regularización ordenada para inmigrantes integrados y sin antecedentes, acusando a Vox de convertir la cuestión migratoria en un tema de polarización.

Carmina Fernández, del PSOE, recordó que la historia de la Región está marcada por la migración y advirtió que eliminar el arraigo podría incrementar la economía sumergida y reducir los derechos de los trabajadores, mientras que Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto, también recriminó a Vox por su falta de rigor.

En el ámbito de la violencia de género, la diputada socialista María Soledad Sánchez decidió retirar su moción de cara al 25 de noviembre, al darse cuenta de que las enmiendas de PP y Vox harían imposible su aprobación.

Sánchez afirmó su compromiso de no retroceder en las políticas de protección a las víctimas, destacando la necesidad de protocolos específicos de ayuda psicológica en municipios pequeños tras recientes asesinatos en la Región. Criticó la falta de actualización del pacto regional contra la violencia de género desde 2022 y acusó a Vox de negar la violencia machista, a pesar de que en los ayuntamientos en los que participan respaldan manifiestos en apoyo al pacto de Estado.

Finalmente, la retirada de su moción fue motivada por el deseo de evitar que el tema se convirtiera en un "campo de batalla negacionista", subrayando la importancia de un compromiso genuino y efectivo por parte de todos los grupos representados en la Asamblea para erradicar la violencia contra las mujeres.