La Guardia Civil intensifica inspección de recursos hídricos para prevenir extracciones ilegales de agua.
La Guardia Civil ha intensificado sus actuaciones de vigilancia y control de la adecuada gestión de los recursos hídricos, particularmente acuíferos, para evitar las extracciones ilegales de agua que están afectando al medio natural, como ocurre en el Mar Menor debido a explotaciones ganaderas irregulares.
Durante los últimos cuatro años se han llevado a cabo 4.348 servicios relacionados con la vigilancia de fincas rústicas con el objetivo de atajar esta problemática. Además, se han realizado un total de 886 inspecciones en las que han detenido o investigado a 26 personas, y se han denunciado 25 infracciones penales y 1.140 infracciones administrativas, la mayoría contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y la Distracción y Defraudación de Aguas. Las actuaciones se han llevado a cabo en zonas especialmente sensibles y vulnerables, como es el caso del Parque Nacional de Doñana y las cuencas de los principales ríos de España.
Entre las técnicas ilegales de captación de agua más comunes que han sido encontradas por los agentes del SEPRONA se encuentran, por ejemplo, perforaciones de pozos y sondeos sin autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua, captaciones directas de cauces, arroyos y caudalímetros no homologados, manipulados o simplemente no operativos. En la mayoría de instalaciones no se han encontrado medidas de seguridad, lo que representa un riesgo para la vida o la integridad física de personas o animales, especialmente cuando las estructuras son abandonadas después del uso ilegal de las mismas.
La Guardia Civil también está trabajando con las confederaciones hidrográficas en el análisis de imágenes satélite para detectar aquellas fincas que estén cultivando productos incompatibles con la cantidad de agua para riego autorizada.
Las actividades ilegales relacionadas con el uso indebido del agua están causando una sobreexplotación de las aguas superficiales y de los acuíferos, lo que provoca una grave erosión y degradación del suelo y fuertes consecuencias en la fauna y la flora. En este sentido, la correcta gestión del agua es fundamental.
Los autores de este tipo de delitos se enfrentan ahora a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. Si se trata de casos más graves, los culpables podrían ser condenados a un máximo de cinco años de prisión en función de la afectación al medio natural.
El SEPRONA de la Guardia Civil trabaja en la promoción de la cultura del uso responsable del agua y en la sensibilización de la población sobre la importancia de la protección de los recursos hídricos. Además, colabora estrechamente con la Dirección General del Agua y con varios organismos de cuenca de España, así como con varias ONGs.