En un importante desarrollo en la lucha contra el narcotráfico, la Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en la pedanía murciana de La Ñora que ha resultado en la detención de dos mujeres y cuatro hombres, todos ellos sospechosos de ser los responsables de un entramado dedicado al cultivo de marihuana de tipo 'indoor'. Este operativo fue informado por fuentes oficiales del Cuerpo en un comunicado reciente, subrayando la seriedad de los delitos involucrados.

La investigación, que fue dirigida por agentes especializados, permitió localizar y desmantelar un total de cinco inmuebles que estaban siendo utilizados para la producción ilegal de cannabis. Durante el registro de estas propiedades, las autoridades intervinieron cerca de 700 plantas en distintas etapas de crecimiento, así como una suma considerable de dinero en efectivo, que ascendía a 6.000 euros. Además, se encontró un revólver, una escopeta simulada y diverso material destinado a facilitar el cultivo de estas plantaciones ilícitas.

Las tácticas que emplearon los involucrados para ocultar las plantas eran bastante sofisticadas. Las autoridades descubrieron que las plantas estaban camufladas detrás de falsas paredes y enormes muebles, además de tener escondites excavados bajo el suelo de las viviendas, lo que revela la planificación meticulosa detrás de estas actividades criminales.

La intervención requirió la colaboración de técnicos de la empresa suministradora de electricidad, quienes tuvieron que desactivar las conexiones fraudulentas a la red eléctrica. Cabe destacar que estas conexiones carecían de cualquier tipo de medidas de seguridad, lo que generaba un grave riesgo de incendio debido a las sobrecargas en el sistema eléctrico. Este aspecto resalta no solo el peligro asociado con el cultivo de marihuana, sino también la irresponsabilidad de quienes participan en tales actividades.

Los seis detenidos, de nacionalidad española, han sido puestos a disposición del juzgado de guardia correspondiente, donde se están considerando las medidas cautelares a imponer. Las autoridades les atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, subrayando la gravedad de sus acciones y el impacto negativo que tienen en la seguridad y el bienestar de la comunidad.