El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, ha manifestado su preocupación por la alarmante situación en la que se encuentra el agro regional debido a los efectos de la sequía. Durante su participación en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural presidida por el ministro del ramo, Luis Planas, Luengo ha hecho un llamado al Gobierno de la Nación para que tome medidas contundentes para evitar que la situación empeore aún más.

En particular, Luengo ha destacado la problemática en las comarcas del Noroeste y el Altiplano, zonas que generalmente reciben más lluvias y que actualmente se ven afectadas por la sequía, especialmente en la ganadería extensiva de secano, ovino y caprino, así como en los cultivos de cereales, almendro y viña.

En respuesta a esta problemática, el Gobierno regional ha puesto a disposición de los agricultores y ganaderos créditos blandos por valor de cinco millones de euros para ayudar a mitigar los efectos de la sequía y el aumento de costes que ha generado en los últimos meses.

El Gobierno regional ha propuesto medidas concretas en la Mesa Nacional de la Sequía, incluyendo la asignación de ayudas directas a productores de almendro de secano y cultivos de cereales, exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social y la asignación de una prima de ganado de 30 euros para la alimentación de la ganadería de ovino y caprino.

Luego de reiterar la necesidad de que el Gobierno de España habilite todos los recursos hídricos adicionales para aumentar temporalmente la disponibilidad de agua, Luengo ha solicitado la autorización de un riego de socorro para los cultivos de secano para evitar pérdidas inmediatas. Además, el gobierno regional ha prometido crear el Observatorio de la Sequía, donde los agricultores tendrán un papel destacado en el análisis de la situación y las medidas adecuadas para hacer frente a esta situación de emergencia.

Finalmente, Luengo ha pedido al ministro Planas el aplazamiento de la obligación de registro electrónico de datos para los agricultores previsto para septiembre de 2023, y la aplicación de la norma para el 1 de enero de 2026, argumentando que el aumento de los costes de producción derivado de la crisis de Ucrania y la sequía podría convertir la medida en un factor más de aumento de costes para productores medianos y pequeños.