La comunidad autónoma de Murcia ha reiterado su firme oposición a la política del Gobierno central en relación con la distribución de menores migrantes. Según las autoridades regionales, esta imposición representa un grave ataque a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que llegan a la región, quienes merecen ser atendidos con dignidad y en condiciones adecuadas, considerando su particular vulnerabilidad.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, expuso su postura durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado viernes. En su intervención, reclamó que el Ejecutivo nacional no contemple en su estrategia el apoyo financiero para las comunidades que han acogido a menores migrantes, enfatizando que la Región de Murcia no debe ser ignorada en este contexto.

Hasta el momento, solo un número limitado de territorios, como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se beneficiarán de un fondo estatal de 22 millones de euros destinado a la atención de niños y adolescentes migrantes no acompañados. Esta situación ha generado preocupación entre los responsables murcianos, quienes exigen un reconocimiento adecuado de su estado, dada la presión que enfrenta la región debido a su posición geográfica, especialmente a lo largo de su costa y en el campamento del Hospital Naval de Cartagena.

Ruiz expresó su descontento por el hecho de que el Ministerio de Juventud e Infancia aún no considere a Murcia como un área severamente impactada por la crisis migratoria. Hizo hincapié en que más de 300 menores extranjeros llegaron el año pasado desde Canarias, a través del campamento establecido por el Gobierno central en Cartagena, y que, a su juicio, se debería proporcionar la financiación necesaria para garantizar su protección y bienestar.

La consejera alertó sobre los peligros que conlleva una acogida que carezca de los recursos y financiamiento necesarios, calificando esta situación de “inhumana” e insistiendo en que el Gobierno regional seguirá denunciando esta problemática. La presión sobre los sistemas de protección es crítica, superando ya el 200% de su capacidad, lo que genera una carga económica insostenible para la comunidad.

Ruiz también recordó que hasta ahora, la Comunidad de Murcia no ha recibido ningún tipo de pago de los más de 17 millones de euros que el Gobierno central le debe por la acogida de más de 500 menores migrantes el año pasado, una situación que ya ha sido llevada ante los tribunales.

Durante la reunión virtual, la consejera solicitó nuevamente una aclaración sobre los criterios utilizados para determinar la capacidad de acogida de menores migrantes, argumentando que parecen aplicarse de manera arbitraria y con criterios diferentes según los intereses del Ejecutivo nacional.

Adicionalmente, Ruiz expresó su desacuerdo con un proyecto de real decreto reciente, al considerar que este invadía las competencias de las comunidades autónomas. Criticó la falta de coordinación en la elaboración del protocolo, que establece un plazo de 48 horas para que las comunidades afectadas sean notificadas sobre la reubicación y el traslado de los menores, lo que a su juicio, es inaceptable.