
El portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, ha manifestado su descontento con el plan de defensa que fue presentado recientemente por el presidente español, Pedro Sánchez. Según Ortuño, esta iniciativa parece más bien un intento de Sánchez por aferrarse al poder que un verdadero compromiso con la seguridad nacional.
Durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ortuño fue cuestionado sobre el 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa’, que fue aprobado por el Ejecutivo y publicado a la mañana siguiente. Su respuesta fue clara: no califica esta propuesta como un verdadero plan de defensa.
El portavoz argumentó que lo verdaderamente alarmante es que, para financiar este plan, el presidente Sánchez estaría utilizando recursos destinados a sectores críticos como la sanidad, la educación y las políticas sociales, lo que a su juicio representa un grave error. “Es evidente que está transfiriendo 2.800 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica, lo cual resulta especialmente perjudicial para una región que ya se encuentra en una situación de financiación precaria”, aseveró Ortuño.
Ortuño subrayó que el impacto en Murcia sería devastador, describiendo la situación como un robo a los que menos tienen. La falta de información sobre los recursos financieros que el Gobierno central debe a la comunidad autónoma —y que ascienden a 1.190 millones de euros— también fue un punto central en su crítica.
El portavoz lamentó la falta de comunicación del Gobierno español, afirmando que la administración murciana ha estado esperando desde hace años por respuestas sobre las entregas de fondos y la reforma del sistema de financiación autonómica. “La lucha por la equidad en la distribución de recursos es más urgente que nunca”, comentó.
Por último, Ortuño destaco que el nuevo plan de defensa de Sánchez no cuenta con el respaldo de sus aliados políticos y no tendrá lugar en el Congreso de los Diputados, lo cual pone en cuestión su viabilidad y legitimidad. Concluyó que la estrategia del presidente se basa en reducir el financiamiento a las comunidades autónomas, en detrimento del bienestar de todos los murcianos.
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