En el reciente Debate sobre el Estado de la Región de Murcia, la portavoz de Podemos-IU-AV, María Marín, no escatimó en críticas hacia el presidente Fernando López Miras, a quien acusó de ofrecer un discurso plagado de inexactitudes y promesas vacías. Marín enfatizó que nunca antes había existido tal desconexión entre lo que expresa un mandatario y la realidad que vive su comunidad.

Durante su intervención, Marín subrayó que la situación económica es preocupante, con un salario medio de apenas 15.575 euros anuales, lo que revela que el 42% de los trabajadores en la región se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. La diputada lamentó la existencia de 83.000 trabajadores en situación de pobreza, algo que era impensable hace no mucho tiempo.

Al abordar la situación de los empleados de empresas auxiliares de Navantia y los bomberos, Marín destacó que estas personas han logrado poner en el centro del debate los problemas reales que enfrentan los trabajadores, revelando la necesidad urgente de atención a sus preocupaciones.

Criticando la falta de propuestas concretas por parte del Gobierno regional, Marín observó que desde febrero solo se han alcanzado acuerdos menores, como el cierre de un centro de menores y la cancelación de un curso de árabe, lo cual consideró un reflejo de "puro odio" que resulta digno de pena y vergüenza.

En contraposición, el presidente López Miras no abordó medidas para mejorar la calidad de vida de los murcianos, quedando en evidencia en temas tan cruciales como las listas de espera en sanidad y la eliminación de barracones en escuelas.

Marín también criticó las propuestas en materia de vivienda, al señalar que el presidente planea ofrecer 1.200 euros a propietarios de inmuebles vacíos, en lugar de ayudar a los inquilinos. Asimismo, hizo hincapié en que más de 35.000 viviendas son propiedad de tan solo 956 individuos.

Respecto al ámbito educativo, cuestionó las propuestas de López Miras, mencionando la existencia de más de 85 barracones en la región. También se mostró preocupada por la falta de infraestructura adecuada para el alumnado de primer y segundo de ESO, aludiendo a la idea de que estos cursos se impartieran en colegios de Infantil y Primaria.

En cuanto a la atención a grupos vulnerables, Marín denunció el abandono de los mayores, señalando que en 2024, 1.096 personas murieron en listas de espera de dependencia sin recibir asistencia. Criticó además la falta de atención a la comunidad LGTBIQ+ y la violencia de género en el discurso del presidente.

Marín acusó al presidente de hacer más de 20 anuncios, remarcando que es fácil prometer si se repiten los mismos cada año. Como ejemplo, citó la promesa sobre el tanque de tormentas de Las Torres de Cotillas, que ya se ha convertido en un clásico sin cumplimiento real.

También hizo hincapié en la situación de la sanidad pública, mencionando que 60.000 pacientes carecen de fecha asignada para su atención, lo que, según ella, refleja una manipulación de las listas de espera que coloca a la región en una situación crítica.

En torno a las infraestructuras, Marín descalificó las promesas del presidente sobre la autovía del Bancal, asegurando que en los presupuestos actuales no hay asignaciones para la circunvalación de Santomera.

Finalmente, la diputada criticó el modelo turístico de la región, calificándolo de "low cost" y destacando que Murcia es la provincia con menor gasto diario por visitante. También cuestionó las políticas medioambientales de López Miras, sugiriendo que su imagen de preocupación por el medio ambiente choca con decisiones que amenazan la biodiversidad.

En el sector agrícola, Marín afirmó que las ayudas anunciadas son las mismas de siempre provenientes de fondos europeos, y una vez más, acusó al presidente de no prestar atención a los productores afectados por fenómenos climáticos adversos. Con respecto al comercio, alertó sobre la pérdida de 200 pequeños comercios en 2024 y 172 solo en enero de 2025.

Marín insistió en que las promesas de López Miras son solo una fachada y que sus iniciativas están diseñadas para favorecer intereses inmobiliarios en detrimento del patrimonio cultural y natural de la región. La diputada culminó su crítica asegurando que este tipo de acciones solo buscan proteger intereses a costa de la comunidad.