PP denuncia obstrucción del PSOE y Vox a la simplificación administrativa, mientras oposición señala fallas en la legislación.
Recientemente, el Partido Popular ha lanzado una dura crítica hacia el PSOE y Vox, acusándolos de haber formado una inesperada alianza en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional. Según los populares, esta colaboración se evidencia en el apoyo conjunto a 14 enmiendas durante la discusión del proyecto de ley que busca simplificar la burocracia administrativa, un esfuerzo que la formación considera crucial para incentivar la creación de empleo y la eficiencia gubernamental.
En esta comisión, que tuvo lugar en el día de hoy, se discutió el informe elaborado por la Ponencia, y se llevaron a cabo votaciones sobre enmiendas no aprobadas del Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa. Este proyecto deriva de un decreto ley que fue convalidado por el Pleno del parlamento en julio y ahora se prepara para su revisión final en la próxima sesión plenaria.
La diputada del Partido Popular, María Casajús, ha señalado que la actitud de Vox, al respaldar tanto enmiendas del PSOE como de Podemos, pone en duda su independencia política. En su opinión, esta situación revela una clara colusión entre ambos partidos, con el objetivo de alterar una legislación que tiene el potencial de disminuir la carga burocrática en favor de los agricultores y emprendedores.
Casajús expresó su desilusión hacia los votantes de Vox, quienes pueden sentirse traicionados por un partido que se alinea con las posturas del PSOE bajo la dirección de Pedro Sánchez, contraviniendo los principios de reducción de trámites administrativos y revitalización económica que la ley pretende impulsar. Para la diputada, la alianza PSOE-Vox tiene como meta obstruir avances que beneficiarían a la ciudadanía.
Martínez advirtió que la actual regulación permite construir sin la aprobación definitiva de planes, generando una falta de seguridad jurídica y comprometiendo la autonomía local al sustituir informes técnicos municipales por certificados privados. Desde su perspectiva, esta situación encierra un riesgo de privatización de servicios esenciales, añadiendo que de las 40 enmiendas presentadas por el PSOE, solo seis fueron admitidas, lo que significa que el documento que se presentará al Pleno se asemejará al decreto original.
El portavoz de Vox en la comisión, Antonio Martínez, contrarrestó las críticas al resaltar que su partido logró que una de sus enmiendas, que clasifica ciertos proyectos como estratégicos, fuera aceptada. Esta disposición es vista como favorable para el sector primario de la Región de Murcia. No obstante, expresó su descontento por la falta de exclusión de plantas solares y biogás que ocupan tierras agrícolas o de riego.
Martínez argumentó que no se puede considerar estratégico un proyecto que implique la destrucción de instalaciones agrícolas fundamentales para la seguridad alimentaria, destacando que la defensa del sector agrícola debe prevalecer sobre intereses ajenos, como los energéticos.
Por su parte, María Marín del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV) subrayó que su formación ha presentado 44 enmiendas con el propósito de rediseñar un proyecto que, en su opinión, solo favorece a las grandes corporaciones a expensas de las pequeñas empresas y de la economía social. Además, criticó el proceso de urgencia que limitó la participación ciudadana y la colaboración de organizaciones vecinales y ecologistas.
En defensa de la ley, el Grupo Parlamentario Popular ha subrayado que la iniciativa de Simplificación Administrativa busca organizar y modernizar controles y garantías, sin eliminarlos. Aseguran que simplificar procesos no significa desregular sino hacerlo de forma más eficiente y rápida, basándose en la confianza y la colaboración con los ciudadanos.
Finalmente, el dictamen emanado de esta comisión será votado en el Pleno de la Asamblea el próximo miércoles, coincidiendo con una sesión de control donde comparecerán el presidente del Gobierno regional y sus consejeros.